La designada presidencial María Antonieta Mejía denunció una serie de supuestas irregularidades heredadas de la administración saliente, que —según afirmó— incluyen incrementos salariales a docentes bajo la modalidad de “asistencias técnicas”, contrataciones masivas y ausencia de documentación de respaldo en varias instituciones públicas.

En declaraciones a medios radiales, Mejía sostuvo que alrededor de 5,000 docentes pasaron de jornadas ordinarias a esquemas de asistencia técnica, elevando sus ingresos de aproximadamente 34 mil a 75 mil lempiras mensuales. Señaló que, si bien esta figura está contemplada en el presupuesto, su otorgamiento debe cumplir con procedimientos formales que, a su juicio, no se respetaron.

La funcionaria también cuestionó que dentro de estos beneficios se encontrarían figuras políticas como los diputados Edgardo Casaña y el exministro Daniel Sponda, indicando que el equipo legal de la Secretaría de Educación revisa la legalidad de estos nombramientos.

Revisión de convenios y contrataciones

En el ámbito de Salud y Educación, Mejía afirmó que se revisan convenios suscritos con profesionales cubanos, detallando que se erogaban aproximadamente seis millones de lempiras mensuales para 59 médicos, a través de instituciones previsionales como Inprema e Injupemp.

Asimismo, indicó que se analiza la situación de múltiples contrataciones realizadas en los últimos meses de la administración anterior, las cuales —según dijo— habrían sido aprobadas de manera acelerada.

Falta de documentación y auditorías

La designada presidencial aseguró que en varias dependencias no se encontró documentación que respalde proyectos, contratos y pagos pendientes, lo que ha generado retrasos en la cancelación de obligaciones financieras.

También denunció que en Casa Presidencial se hallaron instalaciones vacías, salvo un salón de belleza que —según manifestó— estaba completamente equipado.

Reestructuración del 911

En cuanto al Sistema Nacional de Emergencias 911, Mejía afirmó que se realizará una reestructuración integral tras detectar supuestas irregularidades y posibles infiltraciones del crimen organizado. Señaló que se revisarán contratos y perfiles del personal para fortalecer la institución.

Finalmente, defendió la implementación de comisiones interventoras como mecanismo temporal para reorganizar entidades públicas, asegurando que las medidas serán de carácter transitorio y orientadas a garantizar eficiencia administrativa.

Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial de los funcionarios o sectores señalados en las declaraciones.