La magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona, denunció este martes que el Ministerio Público estaría preparando requerimientos fiscales en su contra y en contra del magistrado presidente Mario Flores Urrutia, como represalia por decisiones tomadas en el marco de sus funciones judiciales.

En declaraciones a TN5 Estelar, Barahona calificó como “insólito” el posible requerimiento fiscal y advirtió que se trata de una persecución política. “Estamos tomando decisiones en el marco de la ley, y ahora pretenden castigarnos por ello. Lo que hacemos es garantizar la continuidad del pleno frente a grupos que buscan controlar el tribunal”, expresó.

La magistrada recordó que los jueces y magistrados gozan de garantía de antejuicio, lo que impide que sean procesados penalmente por sus resoluciones mientras ejercen el cargo. “Desconocer este principio representaría un golpe directo al Estado de derecho”, advirtió.

Las declaraciones de Barahona se producen tras la ratificación de las candidaturas a diputado de Jorge Cálix (Olancho) y Cristian Villalobos (Valle), aprobadas por mayoría del pleno del TJE. El magistrado Mario Morazán, representante del partido Libre, se ausentó de la sesión alegando irregularidades y denunció una supuesta maniobra política.

Barahona y Flores sostienen que las recusaciones contra ambos aspirantes buscaban entorpecer la impresión de papeletas y alterar el calendario electoral a pocas semanas de los comicios generales del 30 de noviembre.

La crisis institucional en el TJE se intensifica en un momento clave para la organización electoral. Entre acusaciones cruzadas, denuncias de instrumentalización del Ministerio Público y alertas sobre interferencias políticas, crece la preocupación por el deterioro de la credibilidad del proceso.

“Los magistrados no podemos ser perseguidos por ejercer nuestras funciones. De permitirse esto, ningún tribunal estaría a salvo”, concluyó Barahona.