Tegucigalpa. A más de tres meses del estallido del escándalo en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Ministerio Público (MP) asegura que la investigación continúa, aunque hasta ahora no se han presentado requerimientos fiscales ni avances concretos ante los tribunales.

La prolongación del proceso ha generado críticas por el aparente trato diferenciado hacia funcionarios vinculados al actual gobierno.

En un comunicado oficial, el MP informó que fiscales, peritos y agentes asignados “realizan labores técnicas y coordinadas todos los días” para reunir los elementos probatorios necesarios. Entre las acciones en curso se destacan una auditoría forense del expediente y una pericia de vinculación que busca establecer conexiones entre los involucrados y los movimientos financieros 1.

La investigación también se ha ampliado hacia otras personas, a quienes se les ha solicitado información financiera. Además, se revisa el informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para identificar hallazgos que puedan fortalecer el caso.

Sin embargo, figuras como la diputada Isis Cuéllar, del partido Libre, y el exministro José Carlos Cardona, continúan sin enfrentar requerimientos formales, pese a que sus nombres figuran en el expediente por presuntas irregularidades en la gestión de ayudas sociales y fondos públicos.

El MP reiteró que no presentará acusaciones sin sustento probatorio, argumentando que “esa práctica solo generaría impunidad”. También aseguró que todas las investigaciones se desarrollan “con independencia, objetividad y sustento técnico”.

A pesar de estas declaraciones, sectores políticos y sociales han cuestionado la lentitud del proceso y la falta de resultados tangibles, señalando que el caso parece estancado por tratarse de funcionarios afines al oficialismo. La ciudadanía sigue esperando que se esclarezcan los hechos y se garantice justicia sin privilegios.