El Ministerio Público de Honduras informó este viernes que logró la privación definitiva de 7.1 millones de lempiras pertenecientes al exoficial de la Policía Héctor Iván Mejía Velásquez, en el marco de la Operación Poseidón. Los fondos confiscados estaban distribuidos en seis cuentas bancarias y en una cooperativa, todos vinculados al exfuncionario, quien enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito.

Bienes asegurados

Además del dinero en efectivo, las autoridades aseguraron una residencia en el barrio La Granja de Comayagüela, un terreno en la aldea El Hatillo de Tegucigalpa y cuatro vehículos. También se identificaron 7.3 millones de lempiras en aportaciones que Mejía Velásquez tenía en la cooperativa COMPACAL, ubicada en San Pedro Sula. Estos bienes y recursos forman parte de una investigación que reveló un incremento patrimonial injustificado del exoficial entre 2015 y 2019, por un monto superior a los 12 millones de lempiras.

Investigación y juicio

La Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad (UF-ADPOL) presentó pruebas durante el juicio que demostraron que los ingresos de Mejía Velásquez no eran compatibles con sus fuentes de ingresos legítimas. El excomisionado general de la Policía, actualmente retirado, mostró un comportamiento financiero sospechoso, lo que llevó al Ministerio Público a promover una acción de privación de dominio de bienes de origen ilícito.

El fallo judicial concluyó a favor del Estado hondureño, permitiendo la confiscación de los bienes y recursos vinculados a actividades ilícitas. Esta decisión representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en el país.

Operación Poseidón

La Operación Poseidón es una iniciativa del Ministerio Público para combatir el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito, especialmente en casos que involucran a funcionarios públicos. La confiscación de los bienes de Mejía Velásquez es uno de los resultados más destacados de esta operación, que busca recuperar recursos desviados y fortalecer la transparencia en el uso de los fondos públicos.

Reacciones y próximos pasos

El Ministerio Público destacó que esta decisión judicial es un mensaje claro para quienes buscan enriquecerse de manera ilícita a costa del Estado y la sociedad hondureña. Las autoridades continuarán investigando otros casos similares para garantizar que los bienes de origen ilícito sean devueltos al patrimonio nacional.

Mientras tanto, los bienes confiscados serán puestos a disposición del Estado, y se espera que los recursos recuperados sean utilizados en beneficio de la población hondureña. Este caso refuerza el compromiso del Ministerio Público y otras instituciones en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras.