De cara al juicio oral y público señalado del 12 de abril al 5 de mayo próximos, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) está lista para demostrar la culpabilidad de 14 implicados en un megafraude de más de 158 millones de lempiras en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en relación a obras no ejecutadas o a medio ejecutar en su Hospital Regional del Norte y clínicas periféricas de Cálpules en San Pedro Sula y de Torocagua en Comayagüela.

La prueba admitida por el tribunal de sentencia anticorrupción al Ministerio Público la constituyen 10 declaraciones testificales, 57 medios documentales, ocho periciales y 10 evidenciales, 85 en total, dentro de la cual destacan dictámenes de ingeniería civil, eléctrica y mecánica, informes transaccionales de vinculación y de seguimiento del destino del dinero público del que se habrían beneficiado los encausados.

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Por este caso, la Fiscalía consiguió meses atrás que un Tribunal de Alzada confirmara el auto de formal procesamiento obtenido el 24 de septiembre de 2021, siendo los imputados: Carlos Montes Rodríguez (ex viceministro de Trabajo y miembro de la Junta Directiva), Javier Rodolfo Pastor Vásquez (ex viceministro de Salud y miembro de la Junta Directiva), Mario Roberto Zelaya Rojas (ex director del IHSS), José Ramón Bertetty Osorio (ex subgerente Administrativo y Financiero del IHSS) y Wilmer Rolando Polanco (ex subgerente Nacional de Ingeniería y Mantenimiento del IHSS).

Asimismo, Luis Alejandro Joya Fajardo (exsupervisor de obras civiles y exadministrador del Hospital Regional del Norte), Claudia Marisol Lazo Polanco (excoordinadora de la subgerencia Nacional de Ingeniería y Mantenimiento del IHSS) y Aldo José Sevilla Cerrato (exsupervisor de obras del Hospital de Especialidades del IHSS).

Además, los empresarios: Oscar Guerra Ocampo (gerente general ingeniera OGO), Alex Idilio Reyes Serrano (gerente general SOTECNI S de RL), Rubén Antonio Lozano Girón (gerente general de Construcciones Lozano de Honduras), Byron Eduardo Menjívar Fuentes (gerente general BM Construcciones), Francisco Javier Pineda Peña (gerente general Constructora JOALCA) y Jack Jordan Bodden Álvarez (gerente general Diser-B).

Al caso, la UNAF le denominó “14 contratos” en referencia a la suscripción irregular de igual número de proyectos de obras públicas, civiles, eléctricas y mecánicas con al menos seis empresas sampedranas, mediante las cuales se sustrajeron entre los años 2010 y 2013 la suma exacta de 158 millones 817 mil 897 lempiras.

Específicamente, las obras tenían como objeto hacer mejoras en las instalaciones del Hospital Regional del Norte del IHSS y en clínicas periféricas, no obstante, según las investigaciones y diligencias efectuadas por la UNAF y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), las mismas quedaron inconclusas, con mala calidad y sobrevaloradas en un 52 por ciento de lo pagado por el IHSS, siendo, inicialmente, el monto de los contratos de L.179 millones 503 mil 516 lempiras, pero lo desembolsado fue de L.158.8 millones, aun así, el valor sobrevalorado ascendió a 82 millones 937 mil 586 lempiras, de lo cual se beneficiaron exfuncionarios del IHSS.

A los exfuncionarios se les acusó de delitos de violación de los deberes de los funcionarios, fraude y lavado de activos y a los empresarios de cooperadores necesarios de fraude, lavado de activos y testaferrato, por lo que en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), el 26 de agosto de 2021, en el marco de la Operación Omega VIII, se procedió al aseguramiento de 43 bienes considerados de origen ilícito, de ellos 13 fueron viviendas (12 en San Pedro Sula y Choloma y una en Tegucigalpa), 10 vehículos y 20 sociedades mercantiles, registradas su mayoría en la zona norte del país.

Otros encausados en el expediente “14 contratos” son Juan Carlos Maradiaga Ortiz (gerente general Constructora JC Maradiaga) de quien ya se apeló sobreseimiento; José Alberto Zelaya Guevara (ex subgerente Nacional de Suministros, Materiales y Compras del IHSS) prófugo de la justicia; y el excongresista Reynaldo Geovanny Ekonomo Fúnes, cuyo caso la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo tiene en suspenso por suponerlo responsable de fraude a título de cómplice necesario y lavado de activos a título de autor, tras un amparo admitido a la defensa.

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