La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) atraviesa una de sus peores crisis institucionales tras confirmarse que enfrenta más de 200 demandas interpuestas por una sola persona, con un perjuicio económico que ronda los 90 millones de lempiras, según informó su directora, Elizabeth Rodríguez.

Las acciones judiciales han provocado el embargo del presupuesto de la institución, afectando su capacidad operativa y poniendo en riesgo la administración de miles de bienes incautados que están bajo custodia del Estado.

🚨🗣️"Lo más delicado para OABI es haberle embargado su presupuesto, que es lo que la tiene atada para crecer. Estamos hablando de más de L 90 millones" -Elizabeth Rodríguez, directora de la OABI. pic.twitter.com/ELo1HNP1m3

— TSiHonduras (@TSiHonduras) February 16, 2026

“Le han quitado el corazón a la OABI, porque no puede funcionar de manera correcta si la han dejado sin sus activos”, advirtió Rodríguez.

Posibles delitos bajo investigación

Rodríguez explicó que el caso ya está siendo analizado para determinar la posible comisión de delitos como prevaricato, abuso de autoridad y desobediencia, debido al patrón irregular de demandas concentradas en el litoral Atlántico y la zona norte del país.

La directora detalló que más de 240 demandas habrían sido impulsadas por un solo abogado, lo que ha trastocado el funcionamiento de la institución y evidencia posibles irregularidades que requieren investigación.

En los próximos días, la OABI presentará denuncias ante la Fiscalía Especial de Enjuiciamiento del Sector Justicia para esclarecer el origen de estas acciones judiciales y determinar responsabilidades.

Impacto en la operación de la institución

El embargo de 90 millones de lempiras compromete recursos esenciales para la gestión de los bienes incautados, limitando la contratación de personal técnico y la capacidad de supervisión y auditoría.

La OABI administra alrededor de 9,000 bienes, pero la falta de personal, tecnología y recursos ha dejado a la institución rezagada frente al crecimiento de su carga operativa.

Rodríguez también denunció usurpaciones de bienes en la zona norte y el Litoral Atlántico, donde se concentra la mayoría de los activos, situación que igualmente será llevada ante el Ministerio Público.