Dirigentes de diversos partidos políticos de oposición han lanzado fuertes advertencias contra el oficialismo, acusando al Partido Libertad y Refundación (Libre) de promover acciones para debilitar la estructura de los órganos electorales en vísperas de las elecciones generales del 30 de noviembre.

La diputada nacionalista María Antonieta Mejía señaló que existe una “intención política de desarticular las instituciones encargadas del proceso electoral”, lo que —según ella— pone en riesgo la transparencia democrática. “Libre pretende apoderarse de las instituciones, como en Venezuela, para evitar rendir cuentas cuando el ciudadano se vea afectado”, expresó.

Desde el Partido Salvador de Honduras (PSH), la diputada Fátima Mena cuestionó la falta de garantías institucionales a menos de tres semanas de los comicios. “No es posible que el Estado no esté asegurando el equilibrio de fuerzas dentro de los órganos electorales. Lo que vemos es un intento de asalto institucional”, afirmó.

La tensión aumentó tras las acusaciones contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia, quienes instalaron una sesión de pleno por mayoría para resolver recursos sobre candidaturas en Valle y Olancho, ante la ausencia del magistrado Mario Morazán, representante de Libre.

Posteriormente, Morazán denunció a sus colegas por presuntos delitos de usurpación de funciones y prevaricato, lo que fue interpretado por la oposición como un intento de desestabilizar el TJE y sustituir a los magistrados por suplentes afines al oficialismo.

La diputada liberal Maribel Espinoza fue enfática al señalar que “Libre ya sabe que perdió las elecciones y ahora quiere impedir el proceso electoral”. Añadió que tanto el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, como el fiscal general, Johel Zelaya, estarían involucrados en acciones para debilitar el TJE y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Espinoza respaldó el llamado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para respetar la autonomía de los órganos electorales. “Desde Ginebra enviaron un mensaje claro: no más estado de excepción, no más violaciones a la independencia institucional”, dijo.

La oposición considera que los requerimientos fiscales promovidos contra los magistrados buscan provocar un desequilibrio de fuerzas en los entes electorales, favoreciendo a Libre en la toma de decisiones clave. “Si quieren presentar requerimientos, que lo hagan en enero. Hacerlo ahora es para obtener ventaja indebida”, concluyó Espinoza.

Ante el clima de tensión, líderes opositores han pedido a la comunidad internacional mantener vigilancia sobre el proceso electoral hondureño, mientras organizaciones civiles exigen garantías de imparcialidad y respeto al marco legal.