En una medida sin precedentes, alrededor de 30 reclusos pertenecientes a la pandilla Barrio 18, recluidos en una cárcel de máxima seguridad en Honduras, fueron sacados de sus celdas para borrar grafitis callejeros relacionados con su estructura delictiva en el Distrito Central.

Los privados de libertad, encadenados de manos y pies, vistiendo uniformes naranjas y escoltados por policías militares, fueron obligados a pintar sobre los grafitis alusivos a la pandilla con un solo color en las calles de Comayagüela y Tegucigalpa.

Esta iniciativa se extenderá a diversas ciudades del país e implicará a miembros de distintas maras y pandillas, con el propósito de eliminar la «mala imagen» que proyectan sobre Honduras.

Según uno de los coroneles a cargo de la operación, el objetivo es impedir que continúen operando y mejorar la imagen del país.

Los reclusos, que salieron por primera vez a las calles para realizar esta labor, se encuentran en cárceles de máxima seguridad, por lo que más de 150 agentes policiales están encargados de vigilarlos.

El Instituto Nacional Penitenciario está bajo la supervisión de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), que ha implementado medidas en respuesta a los recientes actos violentos en Honduras, como el asesinato de cinco jóvenes y la desaparición de más de 20 personas en el norte del país.

Como parte de estas medidas, el presidente de la junta interventora del INP, Ramiro Muñoz, ha suspendido las visitas a los miembros de maras y pandillas, argumentando que a través de estas visitas se transmiten órdenes para cometer crímenes en Honduras.

Esta suspensión de visitas se mantendrá vigente hasta nuevo aviso, según lo aseguró Muñoz, como parte de los esfuerzos para combatir la violencia y mejorar la seguridad en el país.