El entrenador argentino Pedro Troglio, exdirector técnico del Olimpia, presentó una denuncia penal en su país tras asegurar que él y su esposa, Alejandra Alonso, fueron víctimas de una presunta estafa inmobiliaria por parte de la empresa ABES Desarrolladora de Negocios SRL.

La denuncia: obras inconclusas y fondos desviados

Según el expediente judicial, la pareja acusa a la firma de administración fraudulenta, luego de invertir fuertes sumas de dinero en dos fideicomisos inmobiliarios cuyas obras nunca se completaron y cuyos fondos habrían sido desviados a cuentas en el exterior.

El reclamo apunta directamente contra:

• Diego Lacki, señalado como la figura principal de la empresa
• Macarena Núñez, socia gerente
• Juan Ignacio Eulloque, apoderado legal

Troglio afirma que los denunciados les ofrecieron departamentos en pozo, con promesas de avances significativos, fechas de entrega cercanas y una renta mensual garantizada durante la construcción, beneficios que —según sostiene— jamás se cumplieron.

Inversiones millonarias y proyectos paralizados

La primera inversión se realizó en marzo de 2024, cuando Alonso ingresó al fideicomiso “ABES Dezzeo” en La Plata, por un apartamento valorado en más de 64 mil dólares. Aunque el proyecto mostraba un avance parcial, la obra se estancó, los pagos mensuales se suspendieron y finalmente quedó paralizada.

La segunda inversión, aún mayor, fue en el fideicomiso “ABES Lucero”, por un departamento de casi 94 mil dólares. La denuncia sostiene que se presentaron imágenes y supuestos avances falsos para convencerlos de continuar con los pagos.

Uno de los puntos más graves del expediente es que parte del dinero habría sido transferido a cuentas personales en el exterior, presuntamente vinculadas a Lacki, y no a las cuentas oficiales del fideicomiso.

La denuncia también indica que los acusados aprovecharon que Troglio se encontraba trabajando en Honduras para presionarlos a cerrar las operaciones, alegando una “oportunidad única”.

Lo que pide Troglio ante la Justicia

El técnico argentino y su esposa solicitaron:

• Allanamientos
• Secuestro de documentación y dispositivos electrónicos
• Peritajes contables y técnicos
• Inhibición general de bienes
• Prohibición de salida del país para los denunciados

El caso quedó ahora en manos de la Fiscalía argentina, que deberá determinar si existió una maniobra fraudulenta y el destino final de los fondos invertidos