El gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha decidido extender por 45 días más el estado de excepción parcial en Honduras, una medida que entrará en vigencia desde las 6:00 p.m. del sábado 16 de agosto de 2025 hasta las 6:00 p.m. del lunes 29 de septiembre de 2025, pese a que sus resultados son cuestionables.

Esta nueva ampliación, la número 23 desde su implementación, fue publicada en el diario oficial La Gaceta sin haber sido ratificada por el Congreso Nacional, como exige la Constitución.

Aunque la ley establece que el Congreso Nacional debe aprobar cualquier estado de excepción para que tenga validez legal, el Poder Ejecutivo ha venido prorrogando esta medida de forma unilateral. Las últimas ampliaciones han sido oficializadas únicamente mediante publicación en La Gaceta, sin pasar por la Cámara de Diputados, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento.

Alerta de organizaciones civiles

La organización regional Cristosal ha advertido que la prolongación indefinida del estado de excepción pone en riesgo el proceso electoral hondureño y vulnera los derechos fundamentales de la ciudadanía. “El estado de excepción se ha convertido en una herramienta permanente que erosiona las garantías constitucionales de los hondureños”, señaló la entidad.

Justificación desde Seguridad

Por su parte, las autoridades de Seguridad defienden la medida argumentando que ha tenido un impacto positivo en la lucha contra el crimen. Según datos oficiales:

• 93 municipios han reportado cero homicidios en lo que va de 2025.
• 265 municipios han registrado entre 0 y 8 homicidios, abarcando el 89% del territorio nacional.
• La tasa de homicidios ha disminuido en 13 puntos porcentuales.
• Se han desarticulado 51 bandas criminales y capturado 56 personas con fines de extradición.
• Se han realizado más de 74,000 detenciones por diversos delitos y decomisado 18,840 armas de fuego.

Cuestionamientos legales

A pesar de los resultados presentados, expertos en derecho constitucional advierten que muchas de estas acciones podrían carecer de validez jurídica si no están respaldadas por un estado de excepción debidamente aprobado por el Congreso. La falta de control legislativo sobre esta figura excepcional plantea serias dudas sobre el respeto al orden democrático y la separación de poderes en el país.