La plataforma feminista Somos Muchas pidió este viernes a la Corte Suprema de Justicia de Honduras aprobar la despenalización del aborto seguro, una práctica totalmente ilegal en el país en todas sus formas desde 1997.

En un comunicado, Somos Muchas insta a los magistrados del Supremo hondureño a «hacer uso del control de convencionalidad y que motiven sus resoluciones con enfoque de género y de derechos humanos, tomando en cuenta los argumentos contenidos en el recurso presentado y los amicus acompañados, reivindicando y convirtiéndose en una Corte justa para las mujeres y niñas de Honduras».

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En 2021, la Corte Suprema de Justicia admitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por colectivos feministas contra un decreto de ley que prohíbe de forma absoluta el aborto luego de que el Parlamento blindó en 2021 el artículo 67 de la Constitución que ya rechazaba la interrupción del embarazo por cualquier causa.

El Centro de Derechos Reproductivos (CDR) presentó en agosto de 2022 en Honduras la iniciativa «amicus curiae» (amigo de la Corte) para respaldar un recurso de inconstitucionalidad presentado en 2021 por colectivos feministas contra un decreto de ley que prohíbe de forma absoluta el aborto.

El aborto es penalizado en Honduras en todas sus formas desde 1997 y varias iniciativas que buscan despenalizarlo en tres supuestos: riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación, no han tenido eco entre los diputados.

ELIMINAR OBSTÁCULOS NORMATIVOS

Somos Muchas indicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda «eliminar los obstáculos normativos innecesarios desde el punto de vista médico para el aborto seguro, como la penalización, los tiempos de espera obligatorios, el requisito de que otras personas o instituciones den su aprobación, y los límites sobre el momento del embarazo en que se puede realizar un aborto».

Estas barreras, añadió, pueden «provocar retrasos críticos en el acceso al tratamiento y exponen a las mujeres y las niñas a un mayor riesgo de aborto no seguro, estigmatización y complicaciones de salud, al tiempo que aumentan las interrupciones en su educación y su capacidad para trabajar».

Destacó que la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH), al conocer el caso de Beatriz, una joven salvadoreña a quien en 2013 se le impidió interrumpir su embarazo, estableció que la penalización del aborto, «en particular la prohibición bajo toda circunstancia y sin excepción, puede incentivar a que las mujeres recurran a abortos ilegales e inseguros, poniendo en riesgo su salud física y mental e, incluso, su propia vida».

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó al Estado de Honduras «legalizar el aborto al menos en casos de violación, incesto y riesgo de la vida de la mujer embarazada o incompatibilidad con el feto y despenalizarlo en los demás casos asegurando que las mujeres y niñas tengan acceso a abortos seguros», señaló.

El 8 de marzo, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, aprobó el libre uso y comercialización de Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), la que según organizaciones feministas contribuirá a prevenir embarazos no deseados. (swissinfo.ch)