Los habitantes del departamento de Gracias a Dios, en la región oriental de Honduras, se han opuesto rotundamente a la construcción de una cárcel de máxima seguridad, que albergaría a privados de libertad de alta peligrosidad, como parte del proyecto denominado Centro de Reclusión de Emergencia (CRE). La instalación estaría ubicada en la comunidad de Mocorón, un lugar que ya enfrenta serias carencias en servicios básicos como agua potable y atención en salud.

El presidente de la Federación Indígena Nativa de la Zona de Morocón y Segovia (Finzmos), Avilés Mofis, declaró que la comunidad necesita proyectos de desarrollo social que beneficien a la población, y no una prisión que, según él, traerá más problemas que soluciones.

«Queremos obras sociales que nos beneficien, no desechos de mareros y pandilleros», expresó Mofis en entrevista con el noticiero TN5 Matutino.

Uno de los principales temores de los pobladores es la cercanía del terreno proyectado para la cárcel al río que abastece de agua a la comunidad. Mofis alertó sobre los riesgos de contaminación de la fuente hídrica, lo que podría provocar brotes de enfermedades entre los habitantes. Por esta razón, aseguró que los pobladores se opondrán al proyecto y exigirán alternativas.

La secretaria de Seguridad, Rixi Moncada, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, visitaron el sitio el 26 de noviembre para inspeccionar el terreno, que se encuentra a solo 100 metros del río.

El gobierno ha defendido la construcción del CRE como parte de un esfuerzo para combatir el crimen organizado, asegurando que proporcionará un entorno seguro y aislado para los reclusos de alta peligrosidad.

Sin embargo, la propuesta ha sido rechazada por las comunidades cercanas, que temen que afecte su bienestar y la calidad del ambiente.

Preocupación a nivel local y en el Congreso

La diputada de Gracias a Dios, Erika Urtecho, ha expresado la preocupación de al menos 15 consejos territoriales sobre el impacto negativo del CRE. En una entrevista con el programa Día Político de TSi, Urtecho pidió al gobierno reconsiderar la ubicación del proyecto y trasladarlo a una zona menos sensible, como el Corredor Seco, donde el impacto ambiental y social sería menor.

«Han visto cómo, en otros departamentos donde han construido cárceles de máxima seguridad, ya están pidiendo que las saquen debido a los problemas de convivencia que han generado», comentó la legisladora, quien enfatizó que el proyecto podría afectar gravemente la rica biodiversidad de Gracias a Dios, uno de los departamentos con mayor riqueza natural y cultural del país.

Proyectos carcelarios en la región

En 2023, la presidenta Xiomara Castro anunció la construcción de dos prisiones de máxima seguridad: una en las Islas del Cisne, para 2,000 reos, y otra entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, con capacidad para 20,000 internos.

La licitación para la cárcel en las Islas del Cisne ha fracasado en tres ocasiones debido a que las empresas no han cumplido con los requisitos bancarios. A pesar de las objeciones de sectores ambientalistas, el gobierno ha mantenido su intención de continuar con estos proyectos.