Tegucigalpa, 12 de enero de 2026 — El abogado Hermes Ramírez presentó dos acciones de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el decreto 58-2025, aprobado por el Congreso Nacional, que ordena un nuevo recuento de las actas de las elecciones generales.

Ramírez argumentó en su escrito que el decreto legislativo busca anular la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó como presidente electo a Nasry Asfura, y que con ello el Congreso estaría usurpando funciones exclusivas del órgano electoral.

“El Congreso no tiene facultad para ordenar un nuevo escrutinio”

El abogado sostuvo que el decreto viola la Constitución al atribuirse competencias que corresponden únicamente al CNE, un ente autónomo cuya declaratoria es definitiva e inapelable.

Ramírez solicitó a la Sala que admita la acción y que otorgue una medida cautelar de suspensión provisional del decreto 58-2025, así como de cualquier acto derivado del mismo, incluyendo un eventual recuento de actas o la asunción de funciones electorales por parte del Congreso Nacional.

Riesgo de daño “grave e irreparable”

El profesional del derecho advirtió que permitir la vigencia del decreto provocaría un daño “grave e irreparable” a la Constitución, a la autonomía del CNE y a la voluntad expresada por los hondureños en las urnas.

Aseguró que su interés legítimo es proteger el orden constitucional y garantizar que se respete la declaratoria emitida por el CNE, que otorga la presidencia a Asfura para el periodo 2026–2030.

Señala intento de “autogolpe”

Ramírez afirmó que la intervención de la Sala de lo Constitucional es necesaria para frenar un intento de autogolpe, restablecer el imperio de la ley y asegurar la alternancia democrática.

La segunda acción presentada solicita la suspensión del auto reclamado, al considerar que el decreto vulnera principios fundamentales como la supremacía constitucional, la alternancia en el poder y la defensa del orden jurídico.