Tegucigalpa, 25 de enero de 2026. En un mensaje firme y cargado de datos alarmantes, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, llamó al Congreso Nacional a respaldar de manera urgente las reformas a la Ley Especial contra la Violencia Doméstica, durante su intervención en la instalación de la primera legislatura del periodo 2026-2027.

La magistrada presidenta felicitó a las 36 diputadas que integran el hemiciclo y las animó a ejercer liderazgo desde el espacio donde —recordó— se toman decisiones que pueden transformar la vida de miles de hondureñas.
“En Honduras las mujeres queremos vivir, no sobrevivir”, expresó con énfasis.

Cifras que revelan una crisis persistente

Obando presentó estadísticas que reflejan la magnitud del problema. Cada año, el Poder Judicial recibe alrededor de 15 mil denuncias por violencia de género, y solo en 2025 se registraron más de 10 mil acciones judiciales relacionadas con este tipo de agresiones.
A pesar de ello, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente.

La presidenta de la CSJ también informó que en 2025 se contabilizaron 262 muertes violentas de mujeres, pero únicamente 50 casos fueron judicializados y apenas 10 tipificados como feminicidios, lo que evidencia —dijo— la urgencia de fortalecer los mecanismos de investigación, persecución penal y sanción.

“No podemos normalizar la violencia”

Obando exhortó a los diputados a no permitir que la violencia contra las mujeres se convierta en una realidad aceptada. En ese sentido, destacó la creación del Observatorio de Justicia y Género, una herramienta del Poder Judicial diseñada para ofrecer respuestas más rápidas y efectivas ante este flagelo.

Asimismo, pidió apoyo para las reformas a la Ley Especial contra la Violencia Doméstica, elaboradas en conjunto con operadores de justicia y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de modernizar la normativa y mejorar la protección a las víctimas.

Avances institucionales y nuevos retos

La magistrada resaltó el funcionamiento del Registro de Deudores Alimentarios, que en su primer año ya suma 60 personas inscritas por incumplimiento de obligaciones familiares, una medida que busca garantizar los derechos de la niñez y las mujeres.

Finalmente, Obando informó que durante 2025 el Poder Judicial registró 45,135 casos penales, lo que representa un incremento del 20 % respecto a años anteriores, un indicador que —señaló— exige mayor capacidad operativa y coordinación interinstitucional.

Con su intervención, la presidenta de la CSJ dejó claro que la lucha contra la violencia hacia las mujeres debe convertirse en una prioridad legislativa y estatal, y que el nuevo periodo parlamentario tiene la responsabilidad de responder a esa demanda urgente.