La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), por instrucciones directas del Congreso Nacional, ha convocado nuevamente a todos los operadores de radio y televisión del país a integrar una Cadena Nacional, esta vez para transmitir un mensaje de Luis Rolando Redondo Guifarro, en un esquema que se extiende por dos días consecutivos y con múltiples repeticiones, lo que ha generado fuertes cuestionamientos por el uso político de un mecanismo reservado únicamente para asuntos de auténtico interés nacional.

De acuerdo con la convocatoria oficial, la cadena se transmitirá el martes 13 de enero de 2026 a las 12:00 del mediodía, con repeticiones a las 7:00 p.m. y 9:00 p.m., y se repetirá nuevamente el miércoles 14 de enero en cuatro horarios distintos: 7:00 a.m., 12:00 meridiano, 7:00 p.m. y 9:00 p.m., utilizando como estaciones piloto Canal 8 (TNH) y HRN.

El uso reiterado y extendido de la Cadena Nacional para la comparecencia de un funcionario público —sin que se haya informado previamente sobre una emergencia, crisis nacional o tema de seguridad del Estado— ha sido interpretado por distintos sectores como un abuso del poder comunicacional del Estado, y una clara intención de monopolizar el espacio informativo con fines políticos.

La Cadena Nacional, por su naturaleza, está concebida para situaciones excepcionales que afecten directamente a la nación: desastres naturales, emergencias sanitarias, amenazas a la seguridad nacional o decisiones trascendentales del Estado. Convertir este mecanismo en una herramienta de exposición política personal no solo desvirtúa su función, sino que además vulnera la libertad editorial de los medios y el derecho de la ciudadanía a recibir información plural y no impuesta.

Estrategia de Redondo

El hecho de que el presidente del Congreso convoque cadenas durante dos días consecutivos y en múltiples franjas horarias refuerza la percepción de que se trata más de una estrategia de propaganda que de una comunicación de interés nacional, especialmente en un contexto político marcado por la transición gubernamental y la alta tensión institucional.

Organizaciones de comunicación y sectores empresariales de medios han advertido en reiteradas ocasiones que el uso discrecional de la Cadena Nacional constituye una forma de presión indirecta sobre los medios de comunicación y una práctica incompatible con los principios democráticos.

Mientras tanto, CONATEL, en lugar de fungir como garante de la pluralidad y la libertad de expresión, vuelve a actuar como simple ejecutor de instrucciones políticas, profundizando la preocupación sobre la instrumentalización del aparato estatal para fines partidarios.

Este nuevo episodio se suma a una serie de cuestionamientos sobre la conducta del actual liderazgo del Congreso Nacional, que parece confundir el poder institucional con el derecho a imponer su discurso en todo el país, debilitando así la ya frágil credibilidad de las instituciones públicas.

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