El Congreso Nacional, aprobó  un decreto encaminado a desarticular el marco jurídico que permite abusos en contrataciones de empleados públicos, por lo que los órganos de la administración pública centralizada, descentralizada y desconcentrada deberán revisar nombramientos laborales con carácter permanente.

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Sergio Castellanos, presentó moción de dispensa de dos debates por lo que se discutió en uno solo.

De acuerdo a lo aprobado por la Cámara Legislativa se reformaron los decretos legislativos No.108-2021; 47-2020 y 107-2021 publicados en el Diario Oficial La Gaceta.

Se excluyen de la reforma de los decretos,  todo el personal de primera línea como: médicos generales o especialistas, enfermeras en sus tres categorías  (profesionales, auxiliares o circulantes instrumentistas), personal técnico en imágenes y diagnóstico, técnicos en anestesia, personal de farmacia, sea técnico o químico farmacéutico, camilleros, paramédicos, conductores de ambulancia, microbiólogos, técnicos en laboratorio, personal de limpieza, personal de odontología, técnicos en rehabilitación, psicólogos y cualquier otro que el secretario  de Salud califique de acuerdo a los parámetros de la normativa.

De igual manera, el Congreso Nacional acordó excluir del mecanismo de reforma, al personal del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco).

NO se vulneran derechos

Durante la aprobación del decreto para desarticular el marco jurídico que permite abusos en contrataciones de empleados públicos, el presidente de la Comisión del dictamen, Hugo Noé Pino, dejó claro que se está garantizando la estabilidad del personal de primera línea y en ningún momento se están vulnerando los derechos laborales.

Seguidamente el también vicepresidente del Congreso Nacional, expresó “el decreto lleva excepciones principalmente para el personal de primera línea y para el personal de Proheco, así que los derechos de los trabajadores están salvaguardados”.

Pino para finalizar, expuso que el decreto busca corregir una arbitrariedad que se dio en el período posterior al proceso electoral.