Suyen Muñoz, titular de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC), presentara su renuncia al cargo de presidenta, decisión que fue comunicada oficialmente durante la sesión legislativa en la que también se dio lectura a un juicio político contra autoridades electorales.

La dimisión se produjo mientras el Congreso Nacional analizaba procesos contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), entre ellos los consejeros Marlon Ochoa y Mario Morazán, señalados por presuntas irregularidades vinculadas al proceso electoral.

Renuncias en cadena durante la sesión legislativa

En la misma jornada, la consejera suplente del CNE, Karen Rodríguez, también presentó su renuncia tras ser incluida en el listado de funcionarios sometidos a juicio político. A ella se sumaron los nombres de Lourdes Maribel Mejía y Gabriel Gutiérrez Peralta, magistrados suplentes del TJE, quienes igualmente fueron incorporados al proceso.

La renuncia de Muñoz fue leída por el secretario del Congreso, Carlos Ledezma, quien dio a conocer el documento en el que la funcionaria formalizó su decisión. En la carta, Muñoz aclaró que su salida se limita al cargo de presidenta y que continuará desempeñándose como comisionada, tal como lo establece la normativa de la institución.

Una figura clave en el ente regulador

Muñoz asumió la presidencia de la CDPC en marzo de 2022, al inicio del gobierno de Xiomara Castro, y desde entonces ha encabezado la entidad responsable de vigilar la libre competencia y prevenir prácticas monopólicas en el país. Su renuncia ocurre en un momento en el que el debate político se ha intensificado por las acciones del Congreso contra autoridades electorales.

La funcionaria, además, mantiene una relación sentimental con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, hecho que ha generado comentarios en distintos sectores sobre el impacto político de su decisión.

Un escenario institucional cada vez más tenso

La salida de Muñoz y Rodríguez se suma a un ambiente marcado por cuestionamientos, acusaciones y procesos legislativos que han puesto bajo escrutinio a los órganos electorales. El avance del juicio político ha profundizado la incertidumbre en torno al funcionamiento de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y la legalidad del sistema electoral hondureño.