Tegucigalpa, Honduras – 8 de septiembre de 2025 Este lunes entra en vigor la cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 50 mil hondureños que residen en Estados Unidos, una medida que los deja expuestos a la deportación y sin acceso legal a trabajo o servicios básicos.
La decisión responde a una orden emitida por la administración del presidente Donald Trump, que fue suspendida temporalmente por una jueza federal en agosto, pero finalmente ratificada por una corte de apelaciones en California. El fallo también afecta a ciudadanos de Nepal y Nicaragua, quienes perderán el beneficio migratorio en fechas similares.
Impacto humano y político Organizaciones migrantes y defensores de derechos humanos han advertido sobre el grave impacto social y económico que esta medida tendrá tanto en Estados Unidos como en Honduras. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), los beneficiarios del TPS —conocidos como “tepesianos”— ya enfrentan despidos laborales, pérdida de seguro médico y desprotección legal.
“No estamos hablando solo de migrantes retornando, sino de una desintegración familiar. Lo más doloroso será ver a niños quedar bajo custodia del Estado”, advirtió la experta Itsmania Platero.
Analistas como Graco Pérez han señalado que la falta de acción diplomática por parte del gobierno hondureño contribuyó a la pérdida del TPS. “La confrontación con el gobierno de Biden y el acercamiento a regímenes como Venezuela y China han tenido consecuencias directas”, afirmó.
La fundación 15 de Septiembre y líderes comunitarios en EE. UU. han lamentado que Honduras no cuenta con un plan integral para recibir a los miles de connacionales que podrían ser deportados en las próximas semanas. La incertidumbre se extiende especialmente entre los niños y jóvenes nacidos en EE. UU., quienes enfrentan una realidad desconocida en su país de origen.
A partir de hoy, los hondureños que no hayan logrado ajustar su estatus migratorio pierden su protección legal, y deberán enfrentar procesos de deportación o buscar alternativas legales con apoyo de abogados especializados.
