El estado de excepción que se mantuvo vigente durante meses en varias zonas del país llegó a su fin este lunes, en medio de un ambiente marcado por el contraste entre los logros que destaca el Gobierno y las fuertes críticas de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y sectores políticos que cuestionan su efectividad.

La medida, implementada con el objetivo de combatir estructuras criminales y reducir delitos como la extorsión, fue prorrogada en múltiples ocasiones. Sin embargo, su cierre deja un balance dividido: mientras las autoridades aseguran que permitió desarticular bandas y ejecutar capturas relevantes, diversos sectores sostienen que no logró disminuir la violencia ni mejorar la seguridad ciudadana.

Críticas por falta de resultados

Colectivos ciudadanos, expertos en seguridad y organizaciones de derechos humanos insistieron durante meses en que el estado de excepción no atacó las causas estructurales de la criminalidad y que, por el contrario, generó una falsa sensación de control.

Señalan que los índices de homicidios y extorsión no mostraron mejoras sostenidas y que, en algunos departamentos, incluso se registraron incrementos. También cuestionan que la medida se haya convertido en una herramienta recurrente sin una estrategia integral que la acompañara.

Denuncias de violaciones a derechos humanos

A lo largo de su vigencia, el estado de excepción acumuló denuncias por detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial y uso excesivo de la fuerza, especialmente en barrios y colonias vulnerables. Organismos nacionales e internacionales pidieron en repetidas ocasiones revisar la medida y garantizar que las operaciones policiales respetaran los estándares legales.

Familias afectadas y organizaciones comunitarias sostienen que la suspensión de garantías abrió la puerta a abusos que aún no han sido investigados a profundidad.

El Gobierno defiende la estrategia

Pese a las críticas, las autoridades aseguran que el estado de excepción permitió avances en la lucha contra el crimen organizado, la captura de cabecillas de maras y pandillas, y la reducción de ciertos delitos en zonas específicas. También afirman que la medida fue necesaria para recuperar territorios controlados por estructuras criminales.

Un cierre que abre nuevos desafíos

Con el fin del estado de excepción, analistas coinciden en que el país enfrenta el reto de construir una política de seguridad sostenible, basada en prevención, fortalecimiento institucional y respeto a los derechos humanos.

Mientras tanto, sectores sociales insisten en que el Gobierno debe rendir cuentas sobre los resultados reales de la medida y sobre las denuncias de abusos cometidos durante su aplicación.