Tegucigalpa, 10 de septiembre de 2025 — La ministra de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Mirtha Gutiérrez, confirmó este miércoles que fueron remitidos al Ministerio Público (MP) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) los expedientes de al menos 50 diputados que habrían gestionado cerca de 200 millones de lempiras entre 2023 y 2024.

Según la funcionaria, toda la documentación fue entregada en tiempo y forma a los entes de control, incluyendo la Secretaría de Transparencia. “Esperamos hacer una remisión oficial al Tribunal de que nos remitan el informe para poder comenzar a hacer las acciones pertinentes internas”, declaró Gutiérrez.

Las pesquisas se originaron tras la filtración de un video en Copán, donde la diputada de Libre y vicepresidenta del Congreso Nacional, Isis Cuéllar, junto al entonces titular de Sedesol, José Carlos Cardona, describían presuntas maniobras para desviar fondos públicos hacia estructuras de campaña del partido Libertad y Refundación (Libre).

A raíz del escándalo, los entes de control solicitaron información sobre otros fondos administrados por Sedesol, especialmente aquellos provenientes del Congreso Nacional. Gutiérrez confirmó que ese fondo ya se encuentra en proceso de cierre.

La ministra detalló que entre 40 y 50 parlamentarios aparecen en los expedientes, con montos que alcanzaron aproximadamente 100 millones de lempiras en 2024 y una cifra ligeramente superior en 2023. El listado incluye legisladores de Libre, el Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Salvador de Honduras (PSH) y la Democracia Cristiana.

Gutiérrez informó que ya se realizaron audiencias de descargo contra personal de Sedesol, lo que derivó en la separación de algunos funcionarios. Reiteró que la institución continuará colaborando con cada requerimiento para esclarecer posibles irregularidades en el manejo de fondos asignados desde el Congreso Nacional.

Este caso, conocido como el “Cheque Video”, ha generado preocupación en diversos sectores políticos y ciudadanos, que exigen que las investigaciones avancen con transparencia y sin impunidad. El Ministerio Público deberá ahora analizar los hallazgos y determinar si existen responsabilidades penales.