La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL), en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), obtuvo una sentencia declaratoria del comiso definitivo de bienes pertenecientes al comisario en retiro Constantino Josué Zavala Laínez y su grupo familiar.

La sentencia, ratificada por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, afecta dos inmuebles, 14 vehículos, tres sociedades mercantiles y 29 cuentas bancarias, ubicados en Tegucigalpa, Comayagüela y Nueva Aldea del Distrito Central, Francisco Morazán.

Las investigaciones abarcaron el período 2008-2018, durante el cual se detectó una incongruencia patrimonial de más de 74 millones de lempiras (L. 74,472,620.00) en el patrimonio de Zavala Laínez y su núcleo familiar. Los análisis financieros revelaron que Zavala Laínez no pudo justificar más de 16.8 millones de lempiras (L. 16,820,518.53) y realizó movimientos financieros atípicos que resultaron en un saldo a su favor de más de 11 millones de lempiras (L. 11,177,681.64). Además, se identificaron depósitos en efectivo sin origen conocido que suman más de 4.5 millones de lempiras (L. 4,500,608.15) a empresas vinculadas con él.

El análisis financiero también incluyó a sus familiares y socios, entre ellos Cruz Ondina y Cinthia del Socorro Zavala Laínez, Héctor Alejandro Mejía Aplicano y Mario Alberto Sánchez Torres, y las empresas Grupo de Seguridad y Servicios Electrónicos S. de R.L., Eagle Visión S.A. de C.V. y AlphaDesign Studio S. de R.L. Este grupo presentó un patrimonio no justificado que supera los 57 millones de lempiras (L. 57,107,667.16).

El 11 de abril de 2022, se llevaron a cabo cuatro allanamientos y se impusieron medidas cautelares de aseguramiento e incautación sobre 83 bienes considerados de origen ilícito, incluidos activos del también exfuncionario policial Adrián René Flores Marcelino, cuyo patrimonio no justificado excede los 84.5 millones de lempiras.

El Ministerio Público reafirma su compromiso de investigar y sancionar irregularidades patrimoniales entre los policías y funcionarios públicos, asegurando la integridad y transparencia en el servicio público y sancionando cualquier abuso de poder o corrupción.

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