El fiscal separado Johel Zelaya, comparece en este momento en el Congreso Nacional ante una comisión especial que conoce la denuncia en contra del funcionario por una serie de abusos al frente del Ministerio Público.

La comisión especial encargada del juicio político contra el exfiscal general Johel Zelaya presentará este miércoles de marzo de 2026 su informe ante el Congreso Nacional, como parte del proceso que busca establecer posibles responsabilidades en su gestión.

Se prevé que, tras la entrega del documento, el pleno legislativo conozca las conclusiones y avance a las siguientes fases, que incluirían la discusión del caso y una eventual votación para definir la continuidad o destitución del funcionario.

El presidente de la comisión, diputado del Partido Nacional, aseguró que durante el proceso se garantizará el derecho a la defensa de Zelaya. Explicó que el fiscal podrá exponer libremente su versión de los hechos, responder a interrogantes de los legisladores y presentar pruebas a su favor.

Asimismo, indicó que la comisión continuará recabando testimonios antes de emitir una resolución definitiva. Según detalló, ya existen solicitudes de diversas personas interesadas en comparecer como testigos dentro del proceso.

“El objetivo es reunir toda la información necesaria para elaborar un informe completo”, señaló el congresista, quien destacó la importancia de escuchar a todas las partes involucradas.

La comisión está integrada por los diputados Mario Pérez, Jorge Cálix, Antonio Rivera, Luz Ernestina Mejía, Kilvett Bertrand, Francis Cabrera, María José Sosa, Alex Berríos y Éder Leonel Mejía.

El proceso se originó luego de que el Congreso Nacional admitiera una denuncia por supuestas faltas graves en el desempeño del cargo contra Zelaya, vinculadas a actuaciones durante el proceso electoral de 2025, lo que derivó en su suspensión provisional mientras se desarrolla el juicio político.

SE DEFIENDE A TODA COSTA

Durante su intervención, Zelaya sostuvo que las decisiones en su contra ya estaban tomadas antes de su comparecencia, señalando que varios diputados habían expresado públicamente su intención de someterlo a juicio político. Además, rechazó que su gestión haya sido selectiva, afirmando que se presentaron requerimientos fiscales contra integrantes de distintos sectores políticos.

El funcionario también defendió la autenticidad de audios y videos que han sido utilizados en investigaciones recientes, asegurando que estos elementos forman parte de una “notitia criminis” que justifica la apertura de procesos, aunque admitió que algunos no han sido presentados ante tribunales por requerir validaciones internacionales.

Zelaya negó haber intentado afectar el proceso electoral de 2025 y aseguró que, pese a presiones para intervenir en instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), su objetivo fue evitar un escenario de crisis mayor en el país.

En cuanto a su nombramiento, reconoció que fue designado por la Comisión Permanente del Congreso, pero defendió la legalidad de su actuación, atribuyendo las críticas a motivaciones políticas.

Durante la ronda de preguntas, diputados de distintas bancadas cuestionaron la disparidad en el tratamiento de casos, la lentitud en investigaciones relevantes y la falta de acciones contra ciertos actores señalados en hechos de alto impacto.

El fiscal suspendido también confirmó que recibió audios de parte del consejero del CNE, Marlon Ochoa, y que estos sirvieron como base para iniciar investigaciones, insistiendo en que no utilizó inteligencia artificial para su análisis.

Al cierre de la audiencia, Zelaya reiteró que no ha cometido delitos y desafió a que, de existir responsabilidades penales, se proceda en su contra conforme a la ley. Asimismo, aseguró que su salida del cargo responde a intereses políticos, afirmando que su permanencia incomodaba a sectores con poder dentro del Congreso Nacional.

Defensa sobre la intromisión de las Fuerzas Armadas

Zelaya respondió a las críticas sobre la supuesta intromisión de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral, aclarando que su participación se limitó al transporte de material electoral, y que cualquier solicitud realizada por un general corresponde al derecho de petición, no a un acto delictivo.

“Delito hubiese sido entrar por la fuerza a contar actas. Pero una petición formal, como la que hizo un general, no constituye delito. Es lo mismo que yo le pidiera a un diputado que me regale un departamento, no hay ilegalidad”, explicó.

Sobre los audios y noticias de crímenes

El fiscal también se refirió a la divulgación de audios relacionados con posibles delitos. Defendió que su obligación era informar a las personas involucradas ante amenazas o riesgos, no esperar la confirmación internacional de pericias para proteger a los afectados.

“Cuando recibo una noticia de crímenes, como que podrían matar a un diputado, no puedo esperar a enviar los audios a Estados Unidos, Perú, Colombia o Europa. Mi deber es advertir a las personas y prevenir riesgos.

Las pericias están listas para enviarlas cuando se requiera”, señaló Zelaya, en alusión a los requerimientos presentados por algunos legisladores.

Mensaje a los diputados y al pueblo hondureño

Zelaya reconoció sentirse “condenado mediáticamente”, pero insistió en que su comparecencia busca explicar los hechos al pueblo hondureño, separando los aspectos políticos de los técnicos y defendiendo la legalidad de sus actuaciones.

“Yo creo que es importante que el pueblo conozca la verdad y que se despoje un poco del sentimiento político para valorar nuestra labor”, dijo el fiscal.

Rivera Callejas cuestiona a Zelaya y defiende el juicio político

Durante la audiencia pública en el Congreso Nacional, el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas inició la ronda de interrogatorios al fiscal general suspendido, Johel Zelaya, cuestionando su actuación al frente del Ministerio Público.

Rivera Callejas sostuvo que no aplaudiría las decisiones de Zelaya y enfatizó que este juicio político no se trata de un error, sino de la defensa de la legalidad.

Debate sobre la legalidad del nombramiento interino

El congresista destacó que quien violenta la Constitución no puede pretender defenderla y recalcó que el Congreso no está para legitimar irregularidades, sino para corregirlas.

En este contexto, cuestionó a Zelaya sobre su aceptación del cargo interino de Fiscal General, resaltando que su designación se realizó a través de la Comisión Permanente, integrada por nueve diputados.

Durante la intervención, se produjo un breve intercambio de palabras entre ambos. Zelaya calificó de “hipócrita” a Rivera Callejas, mientras que el diputado respondió que el nombramiento de Zelaya fue ilegal y contrario a la Constitución.

Zelaya, por su parte, admitió que su juramentación se realizó por la Comisión Permanente y aseguró que había que cuestionar si esas personas tenían facultad para tomar esa decisión, insistiendo en que se trata de un tema político.

Autorización del secuestro de documentos en el CNE

Consultado por la diputadaMaría José Sosa sobre la intervención de las instalaciones del CNE en julio de 2025, Zelaya reconoció que autorizó el secuestro de documentos. “Lo hice sospechando que no hacerlo podría poner en precario las elecciones, nunca pararlas. No se presentó requerimiento fiscal al respecto”, afirmó.

El fiscal suspendido también mencionó presiones para intervenir las bodegas del Infop, aunque negó haber afectado el desarrollo del proceso electoral. “Tuve presiones para que pudiera llegar al Infop con la ATIC y la DNLC; de hecho, por eso cambié mi número”, indicó, sin precisar la procedencia de dichas presiones.

Posteriormente, el diputado liberal Alex Berrios cuestionó a Zelaya sobre la investigación de los audios que involucraban a una consejera del CNE.

El funcionario confirmó que era su obligación iniciar la investigación y que los expedientes permanecen en el Ministerio Público, aclarando que el proceso continúa abierto al no existir un resultado definitivo.

Zelaya explicó que recibió los audios del consejero Marlon Ochoa y que, en ese momento, no era obligatorio contar con cadena de custodia, al tratarse de una notitia criminis.

Además, detalló que un perito del Ministerio Público revisó los audios, aunque no fue juramentado formalmente, y que posteriormente solicitó asistencia internacional a países aliados para autenticar las pruebas.

El diputado Mario Pérez volvió sobre el tema de los audios, cuestionando cómo Zelaya había recibido la evidencia. El fiscal respondió que la Dirección General de Fiscales fue quien los recibió y que allí consta cómo Ochoa obtuvo los archivos, evitando dar más detalles.

Por su parte, el diputado Eder Mejía preguntó sobre la intervención de las instalaciones del CNE y la retención de documentos que, según la oposición, habría afectado el cronograma electoral.

Zelaya reiteró que ordenó secuestrar documentos de interés, pero negó haber intervenido el CNE por sospechas que pudieran poner en riesgo el proceso electoral. También se quejó por su suspensión abrupta, que le impidió llevar documentos a la audiencia de este martes.

Debate entre Cálix y Zelaya

El interrogatorio entre el jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, y el fiscal general suspendido, Johel Zelaya, subió de tono.

Durante la comparecencia, Zelaya le dijo a Jorge Cálix “Usted ha dicho cinco veces que a mí me juramentó el señor Carlos Zelaya. Usted ha irrespetado al pueblo hondureño; no sacó ni un voto y fue juramentado, eso es inconstitucionalidad”.

Por su parte, Cálix insistió en cuestionar por qué el Ministerio Público aplicó criterios distintos en dos casos que involucraban audios y videos como medios de prueba.

El congresista preguntó por qué en uno de los expedientes el fiscal estableció una cadena de mando y en el otro no, sugiriendo que un caso afectaba a miembros de Libre y el otro no. Zelaya respondió que ambas investigaciones eran “totalmente diferentes” y que no se podían comparar.

Según explicó, el video relacionado con Isis Cuéllar era un material público, mientras que los audios del caso de adultos mayores provenían de intervenciones privadas, lo que permitió establecer vínculos más claros a través del rastreo telefónico y la confirmación de números a través de empresas privadas.

Cálix cuestiona criterios y el fiscal responde

Otro punto de tensión fue cuando Cálix preguntó por qué un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no es suficiente para presentar un requerimiento fiscal, pero sí los audios que terminaron siendo determinantes para enviar a prisión a tres adultos mayores.

Zelaya respondió de forma tajante:“Dedíquese mejor a modificar el reglamento del Ministerio Público. Este ente tiene autonomía y cada caso requiere una pericia distinta”.

Añadió que en el expediente de Isis Cuéllar se analizaron seis cajas de transacciones financieras, mientras que en el otro caso el origen de los audios permitió reconstruir perfiles y vínculos de los implicados.

Caso “Mel” Zelaya

Johel Zelaya, también se pronunció sobre la captura de tres ciudadanos acusados de planear un supuesto atentado terrorista a través de mensajes, asegurando que la amenaza no requería un gran operativo para ser cometida.

“Imagínese si esto hubiera sido real. Para matar a alguien no se necesita un traje especial, solo un arma de fuego. Si en ese momento se hubiera consumado la muerte de un expresidente, las elecciones se habrían detenido”, declaró Zelaya.

El funcionario explicó que los chats de los detenidos mencionaban su asistencia a una marcha del Partido Libre, donde presuntamente planeaban atacar a “tres ñangaras” y luego escapar sin ser detectados.

Zelaya solicitó que se revisen los expedientes en los que aparece señalado y enfatizó que nunca ordenó la captura de un rival político.

Asimismo, aseguró que cuando se nombre un nuevo Fiscal General, quedará claro su papel dentro del Ministerio Público, reiterando que en su gestión no incurrió en ninguna ilegalidad.

Detenciones de militares y cadena de mando

El diputado Antonio Rivera Callejas interrogó a Zelaya sobre la captura de los tres generales en condición de retiro.

El fiscal explicó que este tipo de procedimientos se aplica cuando no se encuentra el arma involucrada y se hace responsable a las autoridades jerárquicas de la institución militar correspondiente.

Video de Carlos Zelaya

Johel Zelaya explicó que la grabación data de 2013, un año en el que el Código Penal de Honduras no contemplaba el delito de conspiración, por lo que la conducta mostrada no podía considerarse un ilícito formal en ese momento.

“Las investigaciones están abiertas. Son casos complejos y distintos, porque en otro video existe un testigo protegido”, señaló, asegurando que no hay evidencia en video que demuestre que Carlos Zelaya haya recibido dinero.

Durante un extenso interrogatorio a cargo del diputado Jorge Cálix, Zelaya confirmó que no citó al expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006–2009) para declarar sobre las menciones que aparecen en juicios en Estados Unidos.

Caso elecciones primarias: logística y requerimientos fiscales

Zelaya también se refirió a los hechos ocurridos durante las elecciones primarias, señalando que algunos requerimientos fiscales fueron emitidos porque ciertas empresas subcontrataron servicios sin estar autorizadas por la ley y sin revisar la logística de la empresa encargada del traslado de materiales.

Respecto a la tardanza del traslado de urnas y otros materiales a los centros de votación, Zelaya indicó que la auditoría forense determinó que la responsabilidad recaía en las Fuerzas Armadas, pero que no hubo militares investigados directamente.

Según el fiscal, los transportistas afirmaron haber recibido órdenes de los militares, y el centro logístico electoral quedó solo el día de las primarias, lo que provocó que las maletas se subieran de manera desordenada.

Situación de la Uferco y depuración interna

El diputado Mario Pérez preguntó sobre el funcionamiento actual de la Uferco. Zelaya indicó que en los últimos dos años y medio se habían presentado solo tres requerimientos fiscales.

Además, adelantó que se implementará una depuración interna, eliminando líneas de investigación innecesarias para optimizar los recursos y el trabajo de la unidad especializada.

Zelaya explicó que las investigaciones sobre los retrasos y el manejo logístico de las elecciones primarias aún están abiertas, ya que el Ministerio Público realiza sus propios análisis antes de determinar responsabilidades.

El fiscal destacó que estos procesos requieren tiempo para garantizar que se identifiquen con precisión los involucrados y las posibles irregularidades.

Johel Zelaya: “No hay objetividad en esta comisión»

Tras concluir la audiencia, Johel Zelaya, ofreció un mensaje final en donde aseguró que, tras retirarse del Congreso, evaluará si se presentará o no ante el pleno del Legislativo, al considerar que su destino dentro del proceso ya está decidido.

“Yo me voy de aquí y analizaré si me presentaré frente al pleno. Yo sé que la resolución para irme ya está hecha y esto va a tener consecuencias políticas. No duden en llevarme a la cárcel y condenarme a la pena máxima”, expresó ante medios de comunicación.

El fiscal suspendido también cuestionó directamente la imparcialidad de la comisión encargada de examinar su gestión.“No hay objetividad en esta comisión. Yo no estoy aquí por los audios, por los videos; estoy aquí porque les estorbo, y eso a mí me enorgullece”, afirmó.

Testigos declaran tras la comparecencia de Johel Zelaya

Tras la extensa presentación pública del fiscal general suspendido, Johel Zelaya, la comisión especial del Congreso Nacional continuó la audiencia con la declaración de los testigos citados en el juicio político.

El primero en comparecer fue Raúl Amílcar Rivera Montoya, empleado del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien aseguró ser uno de los principales afectados por las actuaciones del Ministerio Público durante la investigación relacionada con el transporte del material electoral de las primarias de 2025.

Rivera comenzó su intervención afirmando que su nombre y el de sus compañeros fueron expuestos públicamente por Zelaya el 31 de marzo de 2025, lo que según dijo violó su principio de inocencia.

Recordó que la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución de la República establecen que ninguna autoridad puede hacer señalamientos públicos sin un juicio previo.

El testigo relató que aquel señalamiento público le costó su empleo y afectó profundamente a su familia.

Aseguró que su hijo quedó emocionalmente impactado al enterarse de su situación. “He escuchado al fiscal dar declaraciones que no son ciertas. Lo vuelvo a decir aquí: nuestras garantías fueron vulneradas”, manifestó.

Rivera señala errores en la interpretación del proceso de contratación

Durante su exposición, Rivera abogado y especialista en contratación pública explicó que la comisión en la que trabajaba dentro del CNE tenía funciones estrictamente técnicas: elaborar los pliegos y emitir recomendaciones sobre la adjudicación, pero sin responsabilidad alguna sobre la logística o el transporte del material electoral.

Aclaró que Zelaya confundió los roles de la comisión de evaluación y la comisión de recepción, esta última encargada de verificar aspectos como GPS, condiciones mecánicas y controles del transporte.

“Nosotros no podíamos revisar vehículos ni operar fuera de lo que la ley nos permite. El fiscal mezcla conceptos que son completamente distintos”, sostuvo.

Añadió que el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado establece claramente las competencias de cada comisión, y que el Ministerio Público ignoró este marco legal al momento de emitir requerimientos fiscales.

Por su parte, Dennis Emilio Hércules Rosa, otro de los testigos en el proceso de juicio político contra el fiscal general suspendido, Johel Zelaya relató cómo, según él, fue víctima de persecución política y de un proceso sin garantías legales tras el colapso logístico del 9 de marzo de 2025.

Hércules, especialista en derecho constitucional y con estudios de posgrado en el Reino Unido, explicó que ingresó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a finales de 2024 con el objetivo de “servir al país”, pero que su experiencia se vio truncada apenas cuatro meses después, cuando el Ministerio Público lo señaló como uno de los responsables de los fallos en el transporte de maletas electorales.

“Mi contrato terminaba el 31 de marzo de 2025, y ese mismo día el señor Johel Zelaya presentó un requerimiento fiscal en mi contra. Se nos acusó de fraude, violación a los deberes de los funcionarios y negociaciones incompatibles con la función pública. En palabras sencillas: de corruptos”, afirmó.

El abogado sostuvo que la acusación se construyó sin fundamentos sólidos y con fines políticos. Señaló que hubo una “justicia selectiva” dirigida a responsabilizar únicamente a exfuncionarios del CNE, mientras que según dijo ninguna autoridad de las Fuerzas Armadas, encargadas constitucionalmente de custodiar el material electoral, fue investigada.

“Es el único requerimiento fiscal presentado por lo ocurrido el 9 de marzo. ¿Y por qué no hay un solo militar procesado? Es una pregunta que el pueblo hondureño también se hace”, expresó.

Hércules afirmó que varios de sus compañeros han sufrido consecuencias económicas, laborales y emocionales por lo que calificó como una “persecución sin justa causa”, y reveló que su familia fue fuertemente impactada por la exposición pública del caso.

El abogado Fabricio Perdomo, auxiliar fiscal de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, también compareció ante la comisión especial del Congreso Nacional y presentó una amplia serie de denuncias sobre lo que calificó como abusos, descensos ilegales y persecución laboral ocurridos durante la administración del fiscal general suspendido, Johel Zelaya.

Perdomo, quien ha laborado cinco años en el Ministerio Público, afirmó que llegó a la comisión para presentar “medios de prueba que acreditan violaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo y a la Constitución de la República”, específicamente en los artículos que protegen la estabilidad laboral y los derechos de los servidores públicos.

Según su testimonio, sufrió descensos, afectaciones salariales y medidas administrativas que asegura no tenían fundamento legal. Relató que el 6 de enero de 2025 interpuso un reclamo administrativo por acciones que atribuye directamente a Zelaya, y que los documentos fueron debidamente recibidos por la institución.

“Se me aplicaron descensos ilegales y se me redujo el salario sin causa alguna, con el objetivo de asfixiarme y forzarme a abandonar el puesto”, afirmó, mostrando constancias, notificaciones internas y vauchers que según dijo prueban la disminución retroactiva de su remuneración.

Aseguró que estas medidas fueron firmadas en un solo día por el propio fiscal general, actuando como presidente del Tribunal Disciplinario y jefe de la sección de beneficios sociales.

Perdomo sostuvo que su caso no es aislado. “Hay muchos servidores del Ministerio Público que han sido afectados, pero no pueden venir por miedo. Yo soy la voz de ellos”, expresó.

Entre los ejemplos que presentó, mencionó los casos del exjefe de la ATIC Juan Carlos Nieto, la fiscal Sarí Castillo y la fiscal Claudia Cenaida Paz Hernández.

Sobre esta última, afirmó haber sido testigo en la audiencia de descargo en la que según él se intentó removerla por negarse a presentar un requerimiento fiscal “suavizado” en un caso de alto impacto que involucraba al exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, investigado por asesinato y corrupción.

“Ella presentó pruebas ante la Corte Suprema de Justicia. Fue acompañada por el Alto Comisionado de Derechos Humanos y por el CONADEH. Y aun así se buscó su despido”, declaró.

Durante el interrogatorio de los diputados, Perdomo aseguró que las acciones atribuidas a Zelaya constituyen negligencia, incompetencia y violaciones laborales graves. Señaló que los traslados arbitrarios, las degradaciones y los castigos administrativos podrían generar condenas millonarias contra el Estado.

“Quien paga las demandas no es el fiscal general. Es el pueblo hondureño. Son recursos que deberían usarse en la lucha contra el crimen organizado, no en indemnizar por abusos”, cuestionó.

El auxiliar fiscal también afirmó que existe una concentración de poder incompatible con el funcionamiento institucional, indicando que el director de fiscales quedó relegado sin facultades y apartado de su rol natural. “Todo se manejaba desde arriba. Y quien se oponía era castigado”, expresó.