La Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE) del Ministerio Público presentó una solicitud de antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, por presunto delito de prevaricato judicial.

Según el comunicado oficial, ambos magistrados habrían emitido resoluciones contrarias a la ley al ordenar al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados, entre ellos el dirigente político Jorge Cálix, sin la participación del tercer miembro del Pleno del TJE, lo que contraviene la normativa vigente.

Resoluciones irregulares y falta de quórum

El 27 de octubre de 2025, los magistrados Flores y Barahona resolvieron una recusación interpuesta por un ciudadano que cuestionaba la imparcialidad de uno de ellos, en un caso relacionado con apelaciones sobre solicitudes de inscripción. El MP señala que dicha recusación fue rechazada sin seguir el procedimiento establecido en la Ley Orgánica y Procesal Electoral, que exige:

• Formación de pieza separada
• Notificación al magistrado recusado
• Suspensión del expediente principal
• Convocatoria de un magistrado suplente

En lugar de ello, los dos magistrados resolvieron por su cuenta, sin conformar el quórum legal requerido.

Sentencia sin integración válida del Pleno

Al día siguiente, el 28 de octubre, ambos magistrados dictaron sentencia definitiva y ordenaron al CNE inscribir de inmediato a los ciudadanos como candidatos. Esta decisión se tomó sin convocar al tercer magistrado propietario ni a un suplente, pese a que la ley exige la participación de tres miembros para sesionar válidamente.

El Ministerio Público considera que estas actuaciones constituyen una violación al procedimiento constitucional y electoral, por lo que solicitó a la CSJ declarar «ha lugar» el antejuicio, con el fin de que se proceda conforme a derecho ante el juez natural competente.

La inscripción de Jorge Cálix como candidato ha generado controversia en el ámbito político hondureño, y esta acción judicial podría tener implicaciones en el proceso electoral y en la legitimidad de las decisiones del TJE. El caso pone en el centro del debate la independencia judicial, la legalidad de las resoluciones electorales y el respeto al debido proceso.