Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Honduras instaló este lunes una sesión oficial con la presencia de dos de sus tres magistrados, en medio de una creciente controversia por la inscripción del diputado Jorge Cálix como candidato a legislador por el departamento de Olancho. La sesión se realizó sin la participación del magistrado Mario Morazán, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad y legitimidad de las decisiones que puedan emanar del pleno.

Durante la apertura, el magistrado presidente Mario Flores Urrutia aseguró que la sesión se constituía válidamente con el quórum de mayoría, conformado por él y la magistrada Miriam Suyapa Barahona. “Garantizamos la justicia electoral y la continuidad institucional del Tribunal en el marco del proceso electoral”, afirmó Urrutia, en un contexto marcado por tensiones políticas y jurídicas.

Contexto del conflicto

La disputa gira en torno a la apelación presentada por Jorge Cálix, dirigente del Partido Liberal, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazara su inscripción como candidato a diputado por Olancho. El CNE argumentó que Cálix había participado en procesos internos de otro partido político durante el mismo período electoral, lo que contraviene el artículo 115 de la Ley Electoral.

El caso fue elevado al TJE, que debe resolver si revoca o ratifica la decisión del CNE. Sin embargo, el tribunal ha enfrentado dificultades para sesionar debido a desacuerdos internos y ausencias de magistrados, lo que ha retrasado la resolución del expediente.

La ausencia del magistrado Morazán ha sido interpretada por algunos sectores como una maniobra para bloquear decisiones clave, mientras que otros señalan que el TJE está operando bajo presiones políticas. El Ministerio Público incluso ha solicitado documentación sobre las actuaciones del tribunal en este caso, lo que ha sido denunciado por Cálix como una forma de intimidación institucional.

El Consejo Nacional Electoral otorgó un plazo de 48 horas al TJE para resolver la inscripción de Cálix y otros candidatos en los departamentos de Olancho y Valle, advirtiendo que el retraso afecta el cronograma de impresión de papeletas.

Implicaciones políticas

Analistas advierten que el conflicto en el TJE no es meramente técnico, sino que refleja una lucha por el control del Congreso Nacional. Cálix representa una corriente crítica dentro del oficialismo y su exclusión podría beneficiar a sectores que buscan mantener hegemonía institucional. La disputa ha encendido alertas sobre el uso de organismos electorales como herramientas de exclusión política, en un contexto donde la transparencia y la credibilidad del proceso electoral son fundamentales.

La resolución del TJE será clave para definir el rumbo del proceso electoral del 30 de noviembre, y su actuación está bajo la lupa de partidos, observadores y ciudadanía. La democracia hondureña enfrenta una prueba de institucionalidad, donde cada decisión puede marcar el equilibrio de poder en el próximo período legislativo.