TSC inicia investigación en la Corte Suprema por demandas laborales y embargos al Estado
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) inició este martes una investigación en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) relacionada con demandas laborales y la ejecución de embargos en contra del Estado hondureño.
Una comisión de auditores del TSC se presentó en la sede del Poder Judicial para requerir información y revisar expedientes en la Sala de lo Laboral, con el propósito de analizar los procedimientos vinculados a estos casos.
Revisión de embargos y demandas laborales
Según explicó el portavoz del TSC, Rodolfo Isaula, la investigación busca dar seguimiento a diversas líneas de indagación relacionadas con demandas laborales que han derivado en embargos contra la caja única del Estado, situación que ha generado afectaciones financieras en varias instituciones públicas y municipalidades.
Como parte del proceso, los auditores entregaron una credencial oficial dirigida a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, mediante la cual se notificó formalmente el inicio de la investigación y se solicitó colaboración para facilitar la documentación requerida.
Verificación en municipios
Isaula detalló que los auditores también analizarán los procedimientos judiciales relacionados con la ejecución de estas demandas, citando a funcionarios judiciales y revisando expedientes, especialmente en los departamentos de Olancho y Choluteca.
Además, equipos del TSC han realizado visitas a distintas municipalidades del país para verificar el impacto que estas demandas laborales han tenido en sus finanzas y funcionamiento administrativo.
Alcaldías afectadas
Entre las alcaldías que han sido señaladas como afectadas por demandas laborales se encuentran:
La Ceiba
Tela
La Lima
Langue
Silca
La Unión
Guata
Guarizama
Mangulile
Choluteca
El Corpus
El Tribunal Superior de Cuentas indicó que la investigación continuará con la revisión de documentos y procedimientos judiciales, con el objetivo de determinar responsabilidades y esclarecer la legalidad de los embargos ejecutados contra fondos del Estado y municipalidades.
