Un Tribunal de lo laboral emitió un fallo que ha sacudido al Estado, ordenando el pago de 260 millones de lempiras en concepto de prestaciones laborales a 334 trabajadores que pertenecieron a la otrora Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), actualmente conocida como Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El portavoz del Poder Judicial en el norte del país, Ruy Barahona, detalló que la demanda incluye, además de las prestaciones laborales, el reajuste del salario mínimo, inmediaciones y salarios caídos.

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Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) aclaró que la demanda laboral no tiene carácter de sentencia firme, ya que aún están pendientes diversas acciones legales interpuestas por la representación del Estado, como un amparo con suspensión del acto reclamado.

La PGR anunció que se preparan acciones adicionales para agotar todos los recursos legales disponibles en este caso.

Por su parte, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, enfatizó que todo funcionario público debe actuar dentro de la ley, y que cualquier acto contrario a esta debe acarrearle la responsabilidad civil correspondiente.

En la misma línea, el dirigente sindical Benjamín Vásquez cuestionó que estas demandas se den por motivos políticos, mientras que la diputada Espinoza recalcó la importancia de la deducción de responsabilidad civil que corresponda al Estado en caso de perder juicios por decisiones contrarias a la ley de un funcionario público, tal como lo establece la Constitución.

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Este fallo judicial ha generado un profundo impacto en el ámbito laboral y político del país, y se espera que continúe generando debate y acción en los próximos días.