La Universidad Nacional Autónoma de Honduras se pronunció sobre la propuesta del partidso LIBRE de anular las eleccciones y esto fue lo que concluyó:

Puntos centrales del pronunciamiento

• Figura excepcional: La nulidad electoral solo procede ante prueba plena y determinante de fraude estructural.
• No es mecanismo político: No puede usarse para “corregir” derrotas electorales, sino únicamente para proteger al soberano cuando su voto ha sido sustituido.
• Soberanía popular: El artículo 2 de la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo; anular sin evidencia concluyente sería desconocerla.
• Principio de conservación: El acto electoral válidamente producido debe preservarse; irregularidades se corrigen con auditorías, recuentos o ajustes técnicos, no con nulidad general.
• Insuficiencia probatoria:
  • El TREP no tiene valor jurídico decisorio.
  • Inconsistencias numéricas no fueron demostradas como determinantes.
  • La biometría no es requisito constitucional.
  • Denuncias de violencia no acreditadas como generalizadas.
  • Supuesta injerencia extranjera no constituye causal de nulidad.
• Test de constitucionalidad: La solicitud vulnera soberanía popular, rompe seguridad jurídica, desconoce igualdad del voto y genera inestabilidad institucional.

Comunicado: La nulidad electoral sin fraude estructural probado es jurídicamente improcedente y amenaza la estabilidad democrática del país. pic.twitter.com/LEQCyb5x8r

— UNAH Universidad Nacional Autónoma de Honduras (@UNAHoficial) December 8, 2025

Conclusión de la UNAH

La nulidad general pretendida por LIBRE no supera el control material de constitucionalidad y su eventual aprobación sería incompatible con el Estado democrático de derecho. La defensa de la voluntad popular exige decisiones basadas en prueba plena, no en alegaciones insuficientes.

“La UNAH afirma que la nulidad electoral solicitada por LIBRE carece de fundamento jurídico y vulnera la soberanía popular. Señala que solo procede ante fraude estructural comprobado, lo cual no fue acreditado. Concluye que anular las elecciones sería incompatible con el Estado democrático de derecho.”