El exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto fue condenado a 18 años de prisión en un juzgado de Estados Unidos por el delito de narcotráfico.

La Fiscalía de Nueva York ha presentado un memorándum de sentencia que detalla la magnitud de los crímenes de Urbina, quienes señalan que el exalcalde conspiró para importar miles de kilogramos de cocaína a EE.UU. en asociación con el influyente cártel hondureño conocido como Los Cachiros.

El caso revela una compleja trama de narcotráfico a gran escala, en la que la política y el crimen organizado se entrelazan de manera preocupante.

Según la Fiscalía, Urbina utilizó su posición como alcalde para facilitar el paso de grandes cantidades de cocaína a través de Honduras, aprovechando sus conexiones con narcotraficantes y figuras de poder, incluyendo al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien ya ha sido condenado a 45 años de prisión.

El impacto del narcotráfico es devastador, y el memorándum de la Fiscalía destaca que la cantidad de droga involucrada en este caso supera en cientos de veces el umbral que conlleva una condena mínima obligatoria de 10 años.

La Fiscalía argumenta que el peso de la condena se ve amplificado por la posición de poder que Urbina usó para proteger estas operaciones ilícitas.

Además de permitir el uso de pistas de aterrizaje en su municipio, Urbina garantizó la impunidad de los narcotraficantes mediante sus alianzas políticas.

El memorándum cita el daño incalculable causado por el tráfico de drogas en las comunidades y destaca cómo Urbina y su familia acumularon riqueza a expensas del sufrimiento de miles de personas.

El arresto de Urbina en 2014, en lugar de ser consecuencia directa de sus actividades delictivas, se debió a que atrajo demasiada atención y enfureció a sus aliados en la conspiración.

Este caso ha expuesto la corrupción endémica en Honduras y el papel de los políticos en el narcotráfico, quienes no solo se beneficiaron económicamente, sino que también compraron votos con dinero obtenido de manera ilícita.

La Fiscalía ha solicitado una sentencia ejemplar de 240 meses de prisión para Urbina, con el objetivo de enviar un mensaje claro sobre las consecuencias del abuso de poder público.

El juez Denise L. Cote, quien dictará la sentencia el 18 de septiembre de 2024, enfrentará el desafío de decidir el destino de Urbina, reflejando el esfuerzo del sistema de justicia por mantener su integridad frente a la amenaza del narcotráfico.

Por otro lado, Urbina ha solicitado que se considere el tiempo que pasó en prisión en Honduras entre 2014 y 2019 para una posible reducción de la pena.

Sin embargo, la Fiscalía argumenta que no se han presentado pruebas suficientes para justificar una condena por debajo del mínimo obligatorio de 60 meses. La Oficina de Prisiones (BOP) evaluará si corresponde otorgar crédito por el tiempo que el acusado estuvo bajo custodia hondureña entre el 26 de marzo de 2019 y el 31 de enero de 2023.

En cualquier caso, la Fiscalía considera que el tiempo cumplido en Honduras no justifica una sentencia significativamente inferior a la establecida en las pautas.