El clima político en Honduras se vuelve a sacudir con un nuevo hecho violento. El domingo por la tarde, en la aldea Rigores del municipio de Trujillo, departamento de Colón, fue asesinado a balazos Ostilio Nájera, candidato a regidor por el Partido Nacional. El crimen ocurrió mientras se dirigía a una pulpería local, cuando fue interceptado por hombres armados que le dispararon sin previo aviso, provocándole la muerte en el lugar.

Nájera no solo era figura política, sino también un referente productivo en la región. Reconocido por su labor como productor de cítricos, presidía la empresa campesina “19 de Mayo”, y era ampliamente respetado por su liderazgo comunitario. Ocupaba el tercer lugar en la planilla municipal del Partido Nacional en Trujillo y había participado recientemente en actividades partidarias junto al candidato presidencial de su agrupación.

Según versiones extraoficiales, el crimen podría estar vinculado a conflictos agrarios, ya que Nájera habría mencionado en reuniones políticas que uno de sus hermanos fue asesinado recientemente por disputas de tierras. Las autoridades no descartan esta línea de investigación, mientras la Policía Nacional continúa con las diligencias para esclarecer el hecho y capturar a los responsables.

La dirigencia nacionalista y sectores agrícolas del departamento han expresado su pesar y exigido justicia, en medio de un ambiente de creciente preocupación por la seguridad de los actores políticos.

Contexto: violencia política en Honduras

La muerte de Ostilio Nájera se suma a una preocupante escalada de violencia contra candidatos y figuras políticas en Honduras. Según el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), entre septiembre de 2024 y julio de 2025 se han documentado más de 560 casos de violencia política, incluyendo asesinatos, atentados, secuestros y amenazas 1.

Los ataques han afectado a representantes de todos los partidos principales —Nacional, Liberal y Libre— y se han concentrado especialmente en departamentos como Santa Bárbara, Yoro, Olancho e Intibucá 2 3. Analistas advierten que esta violencia no responde a una lógica partidaria específica, sino que refleja un entorno de inseguridad generalizada y polarización política que pone en riesgo la participación democrática.

Además, el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) ha alertado que la violencia política, junto con problemas técnicos y falta de conectividad en centros de votación, amenaza la transparencia de las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre 4.

Este clima de inseguridad ha generado temor entre los candidatos, muchos de los cuales han reducido sus actividades públicas. La ciudadanía también se muestra cautelosa, lo que podría impactar negativamente en la participación electoral y en la calidad del debate político 2.