Aumentan masacres en estado de excepción


El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) de Honduras informó que el país registró 48 asesinatos múltiples o con más de tres víctimas cada uno, dejando un total de 220 muertos en el contexto del estado de excepción vigente desde diciembre de 2022.

Estos hechos han dejado «una estela de luto y dolor en casi medio centenar de familias hondureñas», según el organismo de derechos humanos.

Situación en Honduras

Durante el año pasado, el Conadeh registró al menos 43 asesinatos múltiples que dejaron al menos 200 personas muertas, incluyendo 75 mujeres y casi una docena de niñas y niños.


En 2023, 13 de los 18 departamentos de Honduras fueron escenario de múltiples asesinatos, evidenciando un aumento de la violencia en el país.

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Falta de investigación efectiva

La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, expresó su preocupación por la falta de una investigación efectiva que permita identificar a los autores de estos actos violentos.

En particular, hizo referencia a la muerte de 46 mujeres en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), donde un enfrentamiento entre bandas criminales dejó a 23 mujeres fallecidas por armas de fuego y blancas, y las 23 restantes calcinadas en un incendio.

Llamado a las autoridades

Blanca Izaguirre instó a las autoridades a realizar una investigación que cumpla con los principios generales de «debida diligencia reforzada para la investigación de estas graves violaciones a los derechos humanos».

Asimismo, pidió la implementación de medidas preventivas y la realización de investigaciones efectivas que conduzcan a la identificación y castigo de los responsables de estos hechos violentos.

Contexto internacional

Honduras, que ha figurado entre los países más violentos del mundo, se encuentra en una situación preocupante con el aumento de la violencia y los asesinatos múltiples, lo que ha llevado a un clima de terror y desplazamiento forzado de familias hondureñas en busca de seguridad.

Esta situación requiere la atención urgente de las autoridades y la sociedad en su conjunto para garantizar la seguridad y los derechos humanos de la población.


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