*** Solo 56 judicializados de 1.700 detenidos

El dirigente del transporte urbano en Tegucigalpa, la capital de Honduras, Wilmer Cálix, expresó su preocupación por la falta de compromiso de algunas instituciones en la aplicación de la ley a las personas involucradas en delitos de extorsión.

Cálix señaló que el estado de excepción en vigor desde diciembre de 2022 no ha tenido un impacto directo en la reducción de la extorsión, el principal delito por el cual el Gobierno hondureño implementó esta medida.
El estado de excepción no ha logrado reducir la extorsión debido a la falta de compromiso de algunas instituciones.
La Policía Nacional ha realizado un trabajo sobresaliente, pero otras entidades no han cumplido con su parte.
Los transportistas siguen siendo extorsionados a través de métodos como transferencias bancarias y billeteras electrónicas.
Instituciones como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones están siendo muy pasivas en la regulación del uso de billeteras electrónicas y la venta de chips para teléfonos celulares.
De las 1,700 detenciones de presuntos extorsionadores, apenas 56 han sido judicializadas por el Ministerio Público, lo que muestra pasividad por parte de la Fiscalía y los jueces.

Detenciones de Dipampco
Las autoridades de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) aseguran haber arrestado a más de dos mil miembros de estructuras criminales vinculados a extorsión y otros delitos en lo que va de 2023. Del total de detenidos, más del 93% enfrenta procesos judiciales, según el portavoz de la Dipampco, Mario Fú.

Impacto en el sector transporte
Los transportistas hondureños han estado pagando extorsiones durante 24 años a diversas bandas criminales, resultando en la muerte de 3,600 colaboradores del sector, con la mayoría de los casos sin resolverse.
En dos décadas, se estima que se han pagado al menos 18,600 millones de lempiras por concepto de extorsión.

Continuidad de la extorsión en Honduras
Un informe reciente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) indica que, a pesar del estado de excepción, el delito de extorsión sigue afectando a diversos sectores económicos de Honduras, siendo el transporte el más perjudicado. Aunque la modalidad de extorsión a través del cobro en efectivo ha disminuido de mayo a noviembre, otros métodos, como las transferencias bancarias y las billeteras electrónicas, continúan siendo utilizados.