El director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, pidió que cualquier juicio político contra funcionarios señalados de obstaculizar procesos democráticos se realice sin impunidad, pero respetando estrictamente el debido proceso y las garantías constitucionales.

Aguilar señaló que en algunos casos recientes existen indicios que podrían sustentar acciones contra funcionarios públicos, aunque enfatizó que cualquier procedimiento debe estar debidamente documentado y respaldado con suficiente evidencia.

Explicó que estos procesos pueden iniciarse mediante una denuncia formal o a través de una moción presentada por diputados ante el Congreso Nacional.

“Estamos a favor de que ningún hecho quede sin castigo, especialmente cuando se intentó socavar el proceso electoral y la institucionalidad democrática. Pero si se aplicará la ley de juicio político vigente desde 2013, debe hacerse conforme a derecho y sin dudas”, manifestó.

Advertencia sobre procedimientos

El representante de ASJ advirtió que una destitución realizada sin cumplir los procedimientos legales podría generar futuras demandas contra el Estado de Honduras, recordando que en administraciones anteriores se impulsaron remociones de funcionarios sin apego estricto a la normativa.

Asimismo, cuestionó actuaciones del Ministerio Público, al señalar que tres personas de la tercera edad enfrentan cargos de terrorismo en un proceso que calificó como de carácter político.

Según Aguilar, los imputados están próximos a cumplir un año en prisión preventiva, lo que —a su juicio— podría representar una vulneración de derechos fundamentales protegidos por la Constitución.

Señalamientos sobre funcionarios electorales

El director de Transparencia también mencionó actuaciones de funcionarios electorales, entre ellos el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán.

De acuerdo con Aguilar, ambos habrían obstaculizado el proceso electoral al no asistir a sesiones establecidas por la ley, lo que habría afectado el desarrollo del calendario electoral.

Unidad política en el Congreso

En cuanto a la viabilidad política de un eventual juicio político, Aguilar consideró que los votos podrían alcanzarse si las principales fuerzas políticas del Congreso Nacional actúan de forma conjunta.

Indicó que la suma de diputados de los partidos Nacional y Liberal superaría los 90 votos, cifra que podría incrementarse con el respaldo de legisladores de otras bancadas.

Diversos sectores de la sociedad han planteado la necesidad de aplicar este mecanismo, una postura que recientemente también ha sido respaldada por el presidente Nasry Asfura, lo que incrementa la presión sobre el Congreso para analizar posibles iniciativas.