CN gastó más de L1,300 millones con pobres resultados, cuestiona el CNA


El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este jueves su IV informe del Mecanismo de Incidencia Ciudadana (MIC), titulado «Del Congreso que votamos al Congreso que tenemos», en el que evaluó la gestión legislativa de 2024.

El documento revela un alto gasto presupuestario, baja productividad y prácticas cuestionables en el Poder Legislativo, lo que ha generado críticas hacia los diputados y su desempeño.

Gabriela Castellanos, directora del CNA, detalló que el Congreso Nacional ejecutó un presupuesto de L1,352,253,109.23 en 2024, con un promedio mensual de L112,696,092. Este monto representa el 88.78 % del presupuesto total asignado para el año, que ascendía a L1,523,300,000, según datos del portal único de transparencia del Congreso.

¿En qué se gastó el presupuesto?

Los principales rubros de gasto fueron:

  • L678,307,587.71 en servicios personales (salarios y beneficios para funcionarios y diputados).
  • L364,941,861.95 en transferencias (subvenciones, subsidios y ayudas).
  • L173,261,582.85 en pasajes, viáticos y otros gastos de viaje.

El presupuesto de 2024 es el más alto en la historia reciente del Congreso, superando los montos asignados entre 2019 y 2023, que oscilaron entre L1,043,000,000 y L1,448,000,000.

Pago de salarios sin sesionar

Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es que, a pesar de que el Congreso solo sesionó 73 de los 127 días del periodo ordinario, los diputados continuaron recibiendo sus salarios, lo que superó los 128 millones de lempiras en pagos. Además, se destinaron más de 364 millones de lempiras en subvenciones, subsidios y ayudas.

Baja productividad legislativa

En cuanto a la productividad, el CNA señaló que, durante 2024, el Congreso presentó 391 proyectos de ley, de los cuales solo se aprobaron 126. De estos, el 94.6 % fueron iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo, lo que evidencia una falta de liderazgo legislativo propio. Entre los proyectos aprobados, 17 fueron convenios de crédito, de los cuales 16 se realizaron con organismos externos.

Acuerdos «debajo de la mesa»

El informe también criticó la forma en que se lograron consensos en el Congreso. Según el CNA, aunque algunos diputados no recibieron transferencias bajo líneas de subvenciones, «llama la atención que, cuando se requieren consensos motivados por intereses políticos, los congresistas se olvidan de los gritos, las descalificaciones y los señalamientos durante esas sesiones, y los acuerdos se logran debajo de la mesa».

Estos acuerdos incluyeron la elección de titulares de instituciones clave como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público (MP), en su mayoría electos por cuestiones políticas y no por méritos.

Críticas y defensa del Congreso

Gabriela Castellanos afirmó que «este es el Congreso que tenemos, pero no el que merecemos», destacando que las acciones legislativas no están orientadas al beneficio del pueblo, a pesar de las promesas de los diputados.

Por su parte, el diputado de Libre, Oved López, defendió al Congreso y calificó el informe del CNA como una «campaña de desprestigio». López aseguró que el CNA «tiene compromisos con grupos fácticos» y no reconoce los logros del Legislativo, como la aprobación de la Ley de Energía y la eliminación de los fideicomisos. Además, atribuyó la paralización del Congreso en varios períodos a la oposición, que cuenta con mayoría de diputados.

Sin respuesta del presidente del Congreso

Noticieros Hoy Mismo de TSi intentó contactar al presidente del Congreso, Luis Redondo, para conocer su reacción al informe, pero no obtuvo respuesta. Redondo se encuentra en la XLIII reunión ordinaria del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos (Foprel), en San Pedro Sula, donde asumirá la presidencia pro tempore de ese organismo.

El informe del CNA pone en evidencia las falencias del Congreso Nacional y refuerza la percepción de que la gestión legislativa está más enfocada en intereses políticos que en el bienestar de la ciudadanía.


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