** La magistrada Miriam Barahona denuncia amenazas de captura por parte del Ministerio Público tras fallo del TJE

La magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona, denunció públicamente la noche del martes que ella y el magistrado presidente Mario Flores Urrutia podrían enfrentar requerimientos fiscales y órdenes de captura por parte del Ministerio Público, como represalia por resoluciones emitidas en el ejercicio de sus funciones judiciales.

Durante una entrevista en el noticiero TN5 Estelar, Barahona hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, a las misiones de observación electoral y a la ciudadanía hondureña, alertando sobre lo que considera un atentado institucional contra la independencia judicial. “Tengo información que se les presentará requerimiento fiscal para capturarlos a la brevedad posible”, afirmó.

La denuncia surge luego de que el pleno del TJE, con mayoría de magistrados, resolviera tres expedientes, incluyendo los recursos de apelación que permitieron la inscripción de los candidatos Jorge Cálix y Cristhian Villalobos en las planillas de diputados por Olancho y Valle. La sesión se realizó sin la presencia del magistrado Mario Morazán, representante del partido Libre, quien calificó la decisión como “ilegal” y pidió al Ministerio Público actuar de oficio contra Barahona y Urrutia.

Barahona calificó la situación como “insólita” y “funesta”, señalando que emitir una sentencia conforme a derecho no debería ser motivo de persecución. “Este no es un estado de derecho. Las sentencias de un ente judicial se deben respetar. No podemos volver a la época oscura, donde desaparecían personas, o por no estar de acuerdo interpongan un requerimiento para meterlos presos”, expresó con firmeza.

Reacciones y preocupaciones

La magistrada subrayó que su denuncia no tiene motivación política, sino que busca alertar sobre el debilitamiento de las garantías constitucionales, como el antejuicio que protege a jueces y magistrados. También evocó la memoria histórica del país, recordando los abusos cometidos en épocas pasadas contra operadores de justicia.

Este episodio plantea serias interrogantes sobre el respeto a la autonomía de los órganos electorales y el equilibrio entre poderes en Honduras. La comunidad jurídica y los observadores internacionales podrían pronunciarse en las próximas horas ante lo que se perfila como una crisis institucional con repercusiones en el proceso electoral.

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