Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA.) respondieron este martes a la solicitud enviada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, quien pidió apoyo militar para resguardar las instalaciones del organismo tras las protestas recientes protagonizadas por colectivos del partido Libre.

En su respuesta, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, recomendó a la titular del CNE remitir su petición a la Secretaría de Seguridad, al considerar que la Policía Nacional es la entidad legalmente responsable del mantenimiento del orden público, conforme al artículo 293 de la Constitución de la República.

“Me permito de manera respetuosa recomendar que su solicitud sea referida a la Secretaría de Seguridad”, reza el oficio enviado por Hernández.

El pronunciamiento se dio luego de que militantes del oficialismo impidieran el lunes el ingreso de empresas al proceso de licitación para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), generando tensión dentro y fuera de la sede del CNE.

Límite de atribuciones

Aunque el alto mando castrense reiteró su compromiso con la seguridad del proceso electoral, subrayó que la contención de protestas y disturbios corresponde exclusivamente a la Policía Nacional, por tratarse de una fuerza civil con competencias específicas en el control del orden y la seguridad ciudadana.

En la misiva, el general Hernández también recordó que toda manifestación que se torne violenta o altere la paz debe ser disuelta por la Policía, enfatizando la responsabilidad de esta institución en la protección de los derechos civiles y la estabilidad del país durante los procesos electorales.

La negativa de las Fuerzas Armadas a intervenir directamente en el resguardo del CNE ocurre en un contexto de creciente tensión política a medida que avanza el calendario electoral. El incidente del lunes reflejó la vulnerabilidad institucional frente a grupos de presión y ha reabierto el debate sobre la necesidad de establecer protocolos claros para garantizar el desarrollo transparente y seguro de las elecciones generales del 30 de noviembre.