Tegucigalpa, 2 de noviembre de 2025 — La instalación de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, encabezada por su presidente Luis Redondo, ha desatado una fuerte controversia política en Honduras, apenas 28 días antes de las elecciones generales del 30 de noviembre.

Diputados de oposición, juristas y analistas consideran que la medida carece de sustento legal y responde a una estrategia del oficialismo para manipular el escenario institucional en plena campaña electoral.

El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos fue enfático al señalar que la Comisión Permanente “no tiene validez jurídica”, dado que su formación solo es procedente durante los periodos de receso legislativo.

“Más de 70 diputados de oposición ya autoconvocaron y prorrogaron el periodo legislativo hasta el 20 de enero de 2026, según lo permite el artículo 191 de la Constitución. Al no existir receso, no procede crear esta instancia”, explicó.

Barrientos agregó que, incluso en circunstancias normales, la Comisión Permanente tiene funciones meramente administrativas y de emergencia, sin facultades para aprobar leyes, nombrar ni remover funcionarios públicos.

Una “maniobra desesperada” del oficialismo

Jorge Cálix, diputado del Partido Liberal, calificó la decisión como “una acción ilegal, sin sentido y profundamente desesperada por parte de Libre”. Según él, el oficialismo busca desviar la atención del país con una crisis artificial mientras su candidata, Rixi Moncada, pierde terreno en las encuestas. “Esta medida no tiene valor alguno. Es una cortina de humo para sembrar caos y deslegitimar el proceso electoral”, afirmó.

El analista político Jorge Yllescas fue aún más contundente: “Honduras camina hacia una ruptura constitucional. Lo que ha hecho Redondo es espurio y atenta contra el orden democrático”. Yllescas hizo un llamado a las Fuerzas Armadas a mantenerse al margen de estas disputas partidistas y no facilitar “golpes institucionales disfrazados de legalidad”.

Desde una mirada crítica, el analista Nery Gaitán describió la maniobra como “una burda estrategia para legislar en las sombras”, con el objetivo de impulsar decisiones políticas sin el debate ni el consenso del pleno legislativo. “Redondo y Libre saben que no tienen los votos, así que intentan usar una comisión reducida para mantener el control antes de las urnas”, denunció.

Oposición reafirma su postura democrática

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció que la medida representa “un golpe directo a la institucionalidad”. “La democracia se ejerce con un Congreso completo, no con un grupo minoritario que actúa a espaldas del pueblo. No permitiremos que unos pocos decidan por todos”, declaró.

Por su parte, el diputado Marlon Lara insistió en que las sesiones legislativas están activas gracias a la autoconvocatoria de la mayoría opositora, y que cualquier acción de la Comisión Permanente carece de efectos legales. “Libre actúa con desesperación porque sabe que el pueblo ya ha decidido. Pero el 30 de noviembre, Honduras saldrá a votar con fuerza democrática”, aseguró.

Libre defiende la medida como “administrativa”

Desde el oficialismo, el diputado Hugo Noé Pino rechazó las acusaciones y aseguró en redes sociales que la Comisión Permanente “no tiene facultades legislativas ni puede intervenir en el proceso electoral”. “Quienes dicen lo contrario buscan confundir y manipular a la ciudadanía”, escribió.

Sin embargo, la oposición insiste: en medio de una campaña electoral marcada por denuncias de presión institucional y desconfianza en los organismos electorales, esta decisión profundiza la crisis de legitimidad y pone en riesgo la estabilidad democrática del país.