El expresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, explicó este martes el funcionamiento del juicio político en el país, destacando su carácter constitucional y la necesidad de garantizar el debido proceso.

A través de una publicación en la red social X, el jurista señaló que este mecanismo no tiene como finalidad imponer sanciones penales, sino determinar si un funcionario público debe continuar o no en su cargo.

“El juicio político no es un proceso penal, sino una herramienta constitucional para garantizar la responsabilidad de los funcionarios ante el Estado”, afirmó.

Etapas del proceso

Solórzano detalló que el juicio político sigue una ruta definida:

Presentación de la denuncia
Admisión por el pleno del Congreso
Suspensión del funcionario como medida cautelar
Citación en un plazo de 48 horas
Investigación de hasta 30 días
Informe de la comisión especial
Decisión final del pleno en un máximo de cinco días

El resultado puede ser la destitución e inhabilitación del funcionario o su continuidad en el cargo si no se comprueban las causales.

El abogado enfatizó que este procedimiento no determina responsabilidades penales, civiles o administrativas, ya que estas corresponden a otras instancias del sistema judicial.

Asimismo, subrayó que, aunque se trata de un proceso político, debe respetar garantías fundamentales como el derecho a la defensa, la presentación de pruebas y el principio de contradicción.

Solórzano aclaró que la suspensión del funcionario durante el proceso no implica una sanción definitiva ni una declaración de culpabilidad.

“Es una medida preventiva para evitar interferencias en la investigación, no una condena anticipada”, explicó.

El jurista advirtió que uno de los principales desafíos para el Congreso Nacional será garantizar un proceso transparente, especialmente si se produce la destitución de altos cargos como el fiscal general.

En ese sentido, recordó que la elección de un nuevo titular del Ministerio Público debe realizarse conforme a la ley y respetando el procedimiento de la Junta Proponente.

“Sin debido proceso, no hay institucionalidad”, concluyó.

El pronunciamiento se da en medio del debate nacional tras la suspensión del fiscal general Johel Zelaya, luego de que el Congreso iniciara un juicio político en su contra.