Tegucigalpa, 30 de octubre de 2025 — A través de un pronunciamiento oficial en sus redes sociales, la presidenta Xiomara Castro anunció que, a partir de este día, las Fuerzas Armadas de Honduras quedan a disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) para colaborar en el proceso de elecciones generales programadas para el 30 de noviembre.

La medida incluye atribuciones que han generado controversia por no estar contempladas explícitamente en la Constitución de la República.

En su comunicado, Castro instruyó que la institución castrense garantice la seguridad, vigilancia, custodia y transporte del material electoral, así como el “aseguramiento de la transmisión y resguardo de las actas de resultados”, una función que tradicionalmente ha sido responsabilidad técnica del CNE y no de las Fuerzas Armadas.

“En mi carácter de Presidenta de la República y Comandante General de las Fuerzas Armadas, y en estricto cumplimiento de la Constitución y la Ley Electoral, ordeno que, a partir de esta fecha, las Fuerzas Armadas pasan a disposición del Consejo Nacional Electoral”, expresó la mandataria.

La inclusión de tareas como la transmisión de datos ha despertado inquietudes entre juristas y sectores políticos, quienes advierten que estas funciones no están contempladas en el artículo 272 de la Constitución, que delimita el rol de las Fuerzas Armadas en procesos electorales a la seguridad y logística, pero no al manejo de resultados.

El anuncio se da en medio de una creciente tensión política, luego de que el Ministerio Público revelara audios que presuntamente implican a figuras políticas y militares en un plan para boicotear las elecciones. Castro mencionó directamente los nombres de Cossette López, Tomás Zambrano y un alto oficial militar, señalando una “conspiración criminal en marcha” para manipular el transporte electoral y alterar la voluntad popular.

“No se tolerará ningún acto dirigido a sabotear la transparencia electoral, violar la soberanía del Pueblo o alterar la paz democrática”, advirtió la presidenta.

La mandataria también ordenó una investigación interna en las Fuerzas Armadas tras la publicación de los audios, reafirmando su compromiso con un proceso electoral “limpio, libre, transparente, seguro y verificable”.

El traspaso de funciones y el contexto de denuncias han encendido el debate sobre los límites constitucionales, la independencia del CNE y el papel de las Fuerzas Armadas en un proceso electoral que se anticipa altamente polarizado.