ANALISIS NACIONAL

Al cumplirse los primeros 100 días de gobierno de la administración de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya en alianza con Salvador Nasralla, los miembros del gabinete de gobierno del Expresidente Juan Orlando Hernández, hacemos de conocimiento del pueblo hondureño y de la comunidad internacional las siguientes valoraciones:

EN SEGURIDAD:

Al inicio del año 2014, Honduras estaba incluido en la lista de los países mas violentos del mundo, con 86 muertos por cada 100 mil habitantes y ocupando deshonrosamente las ciudades de San Pedro Sula el primer lugar y Tegucigalpa el tercer lugar. Ante esta situación el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández hizo un combate directo y frontal contra la inseguridad, la delincuencia y el crimen organizado logrando reducir la cifra anterior a 38.6 muertos por cada cien mil habitantes en el 2021. Lo anterior fue catalogado en su momento como “un milagro” por parte del Comando Sur de Estados Unidos. Sumado a esto se logró una reducción en la tasa de secuestros de un 90% y la judicialización del 91% de los casos de extorsión.

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Además, se redujo el trasiego de la droga por territorio hondureño que llega a Estados Unidos de 95% a 4% según Información certificada por el Departamento de Estado, La DEA, el Comando Sur, INL (Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia). En ese sentido, el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos del año 2021 dice textualmente que “el Gobierno de Honduras como política oficial del gobierno no fomenta ni facilita la producción o distribución de drogas ilícitas ni participa en el blanqueo del producto o de la venta de drogas ilícitas,” todo lo contrario a lo que de manera irresponsable y falsa dijo la Presidenta Xiomara de Zelaya el día de ayer en Cadena Nacional al referirse al gobierno pasado como una narco-dictadura y decir que desde el Estado se organizó un cartel, provocando la máxima autoridad hondureña, lamentablemente el desprestigio de Honduras por fines políticos.

Asimismo, se crearon dependencias especializadas como la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), la Policía Militar del Orden Público (PMOP), la Dirección Nacional de Investigaciones e Inteligencia (DNII), la Fuerza Nacional Anti-Maras y Pandillas (FNAMP), Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) la Dirección Policial de Investigación (DPI), entre otros, además de invertirse fondos en la tecnificación, modernización e infraestructura de la Policía Nacional para darle al país una institucionalidad sólida para el combate a los delincuentes.

En el 2016 se depuraron 6 mil elementos de la Policía Nacional de Honduras por parte de una comisión especial conformada por la sociedad civil y avalada por la comunidad internacional, lo que permitió la profunda y ejemplar transformación de la institución, convirtiéndola en una institución moderna, eficiente y transparente al servicio del pueblo hondureño como siempre debió serlo. Hubo un incremento de 10 mil a 20 mil elementos policiales, mejor preparados, capacitados y mejor pagados. Aunado a esto, se construyeron cárceles de máxima seguridad y se cerraron las escuelas del crimen como el penal de San Pedro Sula. Se extraditaron y desmantelaron los carteles de la droga en Honduras que operaron a sus anchas a sabiendas de Gobiernos pasados sin hacer nada.

Hoy vemos con suma preocupación cómo se están desarticulando todas las fuerzas de combate a la delincuencia y el narcotráfico lo que se ve reflejado en el aumento de muertes, secuestros, extorsión y tráfico de drogas en todo el país, además; el riesgo de perder de nuevo el sistema policial con la intención del gobierno actual de reintegrar al menos 2mil policías depurados, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana de Honduras y desconociendo las decisiones acertadas de la administración Hernández en materia de seguridad que dieron resultados positivos e históricos. Lo advertimos como en su momento lo hizo el presidente Hernández, la seguridad no se puede descuidar por un solo instante en el país; hay que recordar de dónde venimos, el sufrimiento que ha tenido el pueblo hondureño por la perdida de seres queridos y los esfuerzos, el tiempo y la inversión que hicimos para recuperar la paz y tranquilidad del pueblo hondureño.

EN ECONOMÍA:

En el gobierno anterior sufrimos los desastres naturales y emergencias más dramáticas en la historia de Honduras enfrentando la pandemia del COVID-19 y los huracanes ETA e IOTA, lo que nos llevó a situaciones excepcionales, obligándonos a tomar decisiones para mantener la inflación controlada y permitió una recuperación económica que conllevo un crecimiento económico al 12.5% del PIB el año pasado según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con esto recuperamos en menos de un año, al menos 300 mil empleos perdidos durante la pandemia y los huracanes.

Para lograrlo decidimos en su momento hacer la mayor inversión en infraestructura pública posible con la construcción de nuevas carreteras y autopistas, aeropuertos, puertos y edificios estatales entre otros; además fomentar programas de financiamiento de construcción de vivienda, apoyo al sector agrícola-ganadero con préstamos y bonos tecnológicos, apoyo a los cafetaleros, hoteles y restaurantes, micro, pequeña y mediana empresa, entre otros. Los diferentes programas de financiamiento e inversión pública reactivaron la economía rápidamente.

Hoy esa inversión esta paralizada lo que conlleva a la perdida de miles de empleos. Hoy vemos que Honduras se encuentra en una espiral inflacionaria que no veíamos desde el año 2008 sin ningún rumbo claro por parte del actual gobierno para hacerle frente. Ha subido el costo del bus, taxi, moto taxis, las tortillas, los frijoles, el maíz, arroz, huevos, leche, luz eléctrica entre otros.

Estos impactos afectan a toda la población sobre todo a los más pobres y advertimos que junto a otras decisiones equivocadas en temas político-económicos que se están tomando, están ahuyentando la inversión nacional y extranjera, fomentando la migración irregular a otros países por falta de oportunidades de empleo. Por ello, incitamos al gobierno actual a continuar con la política pública de acceso al crédito para reactivar los sectores productivos cuanto antes. Es importante destacar que los ingresos que estimamos en el presupuesto aprobado para el 2022 se están cumpliendo y superando, por lo que, si hoy no pagan a los empleados públicos, no se abastecen los hospitales y se están dejando de atender lo programas sociales, es por la ineficiencia e inoperancia del actual gobierno. No existen excusas, dado que, según los datos públicos de la Secretaría de Finanzas, evidencian que, si hay dinero en las arcas del Estado, contrario a lo manifestado por el gobierno actual en múltiples ocasiones, incluyendo el día de ayer en el informe de 100 días de la presidenta Castro- Zelaya.

EN EL SECTOR SOCIAL:

Durante el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández se apoyó a la gente más pobre y vulnerable con el programa social más grande en la historia, Vida Mejor, brindando beneficios sociales a más de 5.7 millones de hondureños a través de 121 programas y proyectos sociales. Entre ellos, eco fogones, filtros de agua, letrinas, mejoramiento de techos, viviendas donadas, pisos saludables, raciones alimenticias, transferencias monetarias condicionadas, bono de vida mejor, becas educativas, merienda escolar, focos led, atención a adultos mayores y personas con discapacidad.

Estos programas sociales recibieron el reconocimiento de especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM) destacando que Honduras tenía uno de los programas de focalización más exitosos y con estudios científicos de impactos reales en materia de mejorar los indicadores de pobreza.

El gobierno actual eliminó el programa Vida Mejor, por lo cual es importante que se le informe al pueblo hondureño ¿Cuáles son las acciones inmediatas para atender a las familias más pobres de Honduras a través de la denominada Red Solidaria? Los pobres no pueden ni deben esperar.

EN INFRAESTRUCTURA:

Desarrollamos programas y proyectos para modernizar nuestra infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, y también trabajamos en la unión y facilitación aduanera en nuestras fronteras con los países vecinos. Todo esto para conformar un “Sistema logístico interoceánico” que permitió reducir tiempos de viaje, costos de operación de la flota de transporte y hacernos más eficientes en el manejo de cargas.

Ahora Honduras cuenta con las mejores carreteras de Centroamérica, impulsamos la rehabilitación, mejoramiento y ampliación de nuestros Corredores Viales más importantes. Concluimos las obras del Corredor Logístico. Conectamos el Océano Atlántico con el Océano Pacífico con una autopista de 4 carriles de aproximadamente 400 kilómetros, lo que se convierte en una alternativa real para transportar los productos de los emprendedores y de las grandes empresas y exportarlos a los mercados mundiales. Honduras cuenta ahora con el Corredor Agrícola con una longitud de 410 km. que conecta los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Colón con Puerto Castilla en el Océano Atlántico. Además, Puerto Cortés es ahora el Puerto líder en el Atlántico en la región centroamericana y referente en el Caribe, y ha servido para potenciar nuestras exportaciones y la economía del país.

Un elemento clave para contar con este nuevo Sistema logístico interoceánico es el Aeropuerto Internacional de Palmerola. Las operaciones de este aeropuerto no han afectado en nada el funcionamiento de la base aérea Soto Cano y las operaciones de la Fuerza de Tarea Bravo de Estados Unidos. Los hondureños debemos estar orgullosos y contentos de que al fin contamos en la zona central del país con un aeropuerto seguro y como consecuencia, de primer nivel que tiene una aduana dentro de las mismas instalaciones, expandiendo el Sistema Aduanero Nacional y haciendo crecer el transito de personas y mercancías.

Otro de los mayores hitos es el proyecto del Centro Cívico Gubernamental “José Cecilio del Valle.” El objetivo principal de este novedoso proyecto fue no solamente albergar oficinas del estado, sino que dar un mejor servicio a los ciudadanos, que las personas puedan llegar a un mismo lugar y hacer todos sus trámites. Además de ponerle fin a décadas de corrupción en contratos de arrendamiento sobrevalorados para oficinas publicas, representando un ahorro de más de 350 millones de lempiras anuales para el Estado.

Mencionamos estos logros de la administración del presidente Hernández como evidencia que se tuvo siempre una visión clara y una ruta de desarrollo trazada. Ahora con preocupación se observa que durante los primeros cien días de la actual administración no se les ha dado continuidad a los proyectos que ya se habían iniciado y se ha paralizado la ejecución de proyectos en las diversas instituciones del sector. Lo anterior ha

ocasionado que haya una parálisis casi total en la ejecución de obras de inversión pública, como puede evidenciar todo ciudadano en la pagina web de la Secretaría de Finanzas, ocasionando una situación extremadamente difícil para las empresas del sector, las cuales han tenido que despedir a buena parte de su personal profesional, técnico y legal, así como a una porción importante de los obreros.

De continuar esta situación de paralización, la ejecución de proyectos de inversión pública durante este año será muy pobre y se producirá un impacto negativo en las condiciones de vida de la población y aumento del desempleo, además de los problemas por la falta de mantenimiento de los proyectos existentes.

EN TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN:

La aprobación de la amnistía política decretada por las bancadas del partido LIBRE y PSH, como parte del “pacto bicentenario” entre ambos partidos y promovida por la junta directiva del Congreso Nacional (misma que no contó con los votos necesarios para ser electa como la ley establece y fue impuesta por el Poder Ejecutivo en una clara violación de la independencia de poderes), para los funcionarios, empleados o autoridades de la administración de Manuel Zelaya Rosales que concede “amnistía general, amplia e incondicional en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal pública, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme y en ejecución, ante los tribunales de la República, o que se encuentren en proceso de investigación,” se convierte en la primera vez en la historia de Honduras que el Poder Legislativo perdona delitos de carácter penal.

Lo anterior resulta en un claro atropello al orden constitucional, la independencia de poderes, el debido proceso y es un claro retroceso en la lucha contra la corrupción e impunidad en Honduras. Tanto así que el dicho decreto, fue catalogado por el mismo Secretario de Transparencia del Gobierno de Xiomara Castro de Zelaya como “un nuevo pacto de impunidad.”

Además, sorprende y preocupa la última decisión de la Junta Directiva del Congreso Nacional de no permitir una veeduría social por parte del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) a las acciones en dicho congreso lo cual inevitablemente provoca desconfianza, así como la elección del Procurador General de la República. El nuevo procurador, no solo no cumple con los requisitos que la ley establece para ostentar tan honroso e importante cargo, tampoco se respetó el proceso establecido por ley para su elección, no contando con los votos necesarios dentro del hemiciclo legislativo y los tiempos establecidos. Ante la situación, La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), denunció que dicha elección se hizo” eludiendo los principios de transparencia y deliberación que caracterizan la democracia representativa.”

Asimismo, las recientes decisiones tomadas por parte del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya en el sector de salud representan un retroceso en la transparencia y la eficiencia de la institución y la atención a los pacientes. Empezando por la eliminación del fideicomiso para la compra de medicamentos. Esa transparente modalidad de compra permitió en el gobierno anterior un ahorro histórico de hasta un 300%, logrando un abastecimiento de medicamentos e insumos médicos entre el 85% y 95% en las instituciones de salud a nivel nacional. Lo anterior resultó aun más significativo en momentos de pandemia cuando a pesar de la crisis, el abastecimiento superó el 80% que es el promedio mundial. Preocupa la eliminación de dicho fideicomiso y la determinación de autorizar compras directas por más de 500 millones de lempiras, limitando los controles y mecanismos de transparencia, la participación ciudadana y haciendo el sector más vulnerable a los precios sobrevalorados, sobornos, acaparamiento y corrupción; además de enfrentar la posibilidad de un serio desabastecimiento de medicamentos e insumos con graves consecuencias en la salud y vida de los hondureños, particularmente de los más pobres.

Además de ello, el Gobierno actual permitió el vencimiento de más de 200 mil vacunas anti-COVID valoradas en 20 millones de lempiras por la inoperancia, la incapacidad e indiferencia de esta administración. Lo anterior resulta en un acto claro de corrupción al incumplir con los deberes de los funcionarios que tienen

la responsabilidad de velar por los caudales públicos y la salud de la población y de lo contrario por acción u omisión incurren en responsabilidad penal. No hemos visto en los últimos meses, ninguna jornada de vacunación ni publicidad a favor de la vacunación.

En materia de transparencia en el sector de infraestructura también se observan retrocesos. CoST es una iniciativa internacional que promueve la transparencia y la rendición de cuentas en todo el ciclo de vida de los proyectos de infraestructura pública desde su preparación hasta su finalización. Por instrucciones del presidente Juan Orlando Hernández, Honduras se adhiere a la iniciativa en 2014 logrando a la fecha 2,046 proyectos evaluados de infraestructura vial y de asociaciones público-privadas, 731 personas capacitadas en transparencia en el sector a nivel nacional y superando el 85% de divulgación de información de proyectos valorados en más de 28 mil millones de lempiras.

Honduras fue reconocido por CoST internacional, ganando en 2016 uno de los tres premios internacionales por impulsar la transparencia y la rendición de cuentas, otorgados en la Cuarta Cumbre Mundial de la Alianza para el Gobierno Abierto, que aglutina más de 80 países. El nuevo Gobierno ha retirado el apoyo económico de 8 millones de lempiras anuales a la representación de la iniciativa en Honduras conformada por un grupo multisectorial entre la sociedad civil y las instituciones publicas correspondientes y le ha cerrado las puertas a la iniciativa para continuar trabajando con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) en la promoción de la transparencia en este sector.

Por otro lado, el apoyo que recibió el Ministerio Publico en la administración anterior fue histórico, teniendo un incremento significativo en su presupuesto, resultando el año 2021 con más del doble de recursos asignados en comparación al año 2013. Esto permitió un fortalecimiento inédito en las capacidades del MP en la lucha contra el crimen organizado, la impunidad, el narcotráfico y la corrupción. En el año 2013 el Ministerio Público había obtenido únicamente 62 sentencias en materia de corrupción y todas por delitos menores como violación o abusos. Nunca nadie fue preso en 19 años. Nunca una persona de miembros de grupos políticos reconocidos, económicos, sociales, había sido ni investigado, ni enjuiciado, y lógicamente condenado. Al finalizar el 2021, habían más de 100 sentencias condenatorias en materia de corrupción por malversación de caudales, fraude, falsificación de documentos, sobornos etc. Hoy en día contrario a ello, se aprobó la amnistía política que, en vez de meter a corruptos en la cárcel, los ha sacado de manera selectiva con sesgo político y violentando la constitución y las leyes.

El tiempo nos esta dando la razón, que haber creado la Secretaría de Transparencia fue una decisión acertada de la administración anterior, habiéndola conservado este nuevo gobierno y esperamos la misma se fortalezca. Asimismo, hacemos un llamado al respeto y fortalecimiento de instituciones insignes como Ciudad Mujer para la protección de los derechos de las mujeres hondureñas, sobre todo siendo Xiomara de Zelaya la primera mujer presidente de Honduras. Así como exigimos el respeto a la institucionalidad, la independencia de poderes y a los derechos de los trabajadores incluyendo el pago de sus salarios y la no discriminación por razones políticas.

Como exfuncionarios y ciudadanos hondureños preocupados por el presente y futuro de nuestro país, hacemos un llamado a las nuevas autoridades a evitar la confrontación y buscar siempre el dialogo para la solución de los problemas que hoy enfrenta Honduras, dejando a un lado discursos de odio, fanatismo político y división entre los hondureños. Así como el uso de distractores para desviar la atención de los verdaderos problemas económicos y sociales que están llamados y obligados a resolver. Les recordamos que la razón de ser de todo funcionario público y del gobierno es procurar las mejores condiciones de vida para los y las hondureñas sin distingos de ninguna clase.

¡Que Dios bendiga a Honduras!

Tegucigalpa, M.D.C., 9 de mayo de 2022