“Cuando el río suena es porque piedras trae”, aplicaría el refrán español cuando algunos analistas consideran que podría haber sorpresas en la elección de las máximas autoridades del Ministerio Público (MP), en Honduras.

Todo parecería indicar que en “río revuelto ganancia de pescadores”, a no ser que la elección del fiscal general y adjunto se haga en tiempo y forma, antes del 31 de agosto próximo, fecha en que vence el periodo del actual titular del MP, Óscar Chinchilla, quien cumple diez años de alegada gestión.

Tales son los escenarios que algunos sectores señalan que podría haber ciertos intereses para la continuidad de Chinchilla, quien también fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hasta 2013, cuando fue electo fiscal general.

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En cambio, ahora que la Junta Proponente, a través de su titular, la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, entregó a la secretaria del Congreso Nacional, Angelica Smith, la lista de cinco candidatos seleccionados, hay quienes apuestan por una elección sin mayores sobresaltos.

LOS CANDIDATOS

La nómina de candidatos a fiscal general y adjunto para un periodo de cinco años está conformada por los abogados Jenny Gabriela Almendárez, Mario Alexis Morazán, Marcio Cabañas Cadillo, Johel Antonio Zelaya y Pablo Emilio Reyes, en ese orden según las mejores calificaciones obtenidas en el proceso.

Al respecto, el miembro de la Junta Proponente, Julio Raudales, precisó que a partir de ahora “la elección es una decisión política y ojalá los políticos lo hagan por un mundo mejor. Nosotros elegimos a los mejores cinco con buenos criterios, pero ahora será el Congreso Nacional que los elegirá”.

Es que la sociedad hondureña y la comunidad internacional, embajadas, organismos multilaterales, cooperantes y veedores, están expectantes, sobre todo porque hay quienes señalan que el actual fiscal Chinchilla, podría seguir en el cargo hasta que los políticos se pongan de acuerdo.

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Chinchilla cumplirá diez años al frente del MP el 31 de agosto próximo, habiendo sido electo fiscal general en septiembre de 2013 y reelecto en 2018, en medio de la polémica por cuanto para el segundo periodo no pasó por el proceso de selección.

Su gestión ha sido cuestionada por algunos sectores, sobre todo del Partido Libertad y Refundación (Libre), ahora en el poder, que le sindican de poca o nula investigación en casos de impacto y de ser aliado del anterior gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

PROCESO DE SELECCIÓN

Se suma que para llegar a la escogencia de los cinco candidatos al MP, la Junta Proponente lideró un proceso de selección y de 26 autopostulantes eliminó a 13 y dejó para la etapa final a otro tanto igual que fueron evaluados en base a todas las pruebas.

Luego de inscribirse, los postulantes se sometieron en julio pasado a las etapas de tachas y denuncias, información de antecedentes policíacos y judiciales, patrimonial, sicométricas, toxicológicas y las audiencias de entrevistas públicas para tener una matriz de calificaciones.

En el proceso, ante la misma Junta Proponente, presentaron recursos de reposición algunos de los excluidos como Mario Urquía y el fiscal anticorrupción Luis Javier Santos, Rita Núñez, Juan Rafael Soto y Omar Bonilla, pero fueron desestimados.

A lo anterior, se fueron en amparo con suspensión del acto reclamado ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ, Juan Rafael Soto, Omar Bonilla, Mario Urquía y Luis Javier Santos, estos dos últimos que se dijo eran “gallos tapados” o favoritos del oficialista Libre.

DESCALIFICADOS

Descalificados como los otros en el proceso de tachas y denuncias, Urquía quedó al margen por haber sido presidente de la Junta Nominadora de candidatos a magistrados de la Corte Suprema y Santos por ser parte de una demanda de fiscales contra el Estado y tener una demanda en contra.

Analistas estiman que Urquía y Santos pudieron quedar fuera del proceso no tanto por las tachas, sino por arreglos de grupos políticos en plenos cabildeos por allanar un acuerdo que plasmarían en el Congreso Nacional con la elección de candidatos afines como autoridades del MP.

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Muy clara dejó su posición el Partido Nacional, por medio de su jefe de bancada de diputados, Tomás Zambrano y uno de sus voceros, Antonio Rivera Callejas, que no apoyarían a ningún candidato afín al partido Libre, que coordina el exmandatario y asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales.  

Se estimaba que la admisión de los recursos de amparo podría retrasar el proceso, pero al haber sido aceptados sin suspensión del acto reclamado juristas analizan que la elección de autoridades del MP, puede realizarse este mes de agosto, porque la Junta Proponente ya quedó disuelta.

El abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos, señalaba que suscrita el acta “para disolver la Junta Proponente, porque ya cumplió su propósito, ya no tendría absolutamente ningún sentido para la Sala de lo Constitucional admitir esos recursos con suspensión del acto reclamado, porque el acto que se reclama ya no se puede suspender, porque ya desapareció”.

VOCES DISONANTES

Pero hay voces disonantes que han alertado sobre la posible continuidad del abogado Chinchilla ante probables impasses en el Congreso Nacional entre los partidos políticos mayoritarios, Libre, Nacional y Liberal, pese a que la Junta Proponente ya entregó el listado de los cinco candidatos.

Para el caso, el diputado y precandidato presidencial nacionalista, Jorge Zelaya, afirmó que se le han acercado y dicho que en la nómina no hay candidatos a fiscal para su partido y que a gente de los partidos Libre y Nacional no les parecen los cinco nominados.

Por eso deduce que hay una clara intención y compadrazgo a lo interno del Congreso Nacional, para promover a candidatos fuera de la nómina para elegir al fiscal general, y aunque digan que se sale de la línea partidaria lo no apoyaría.

ESCENARIO

Al respecto, el director de Justicia y Seguridad de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, consideró que “por los vientos que soplan” no va a haber elección de fiscal general ni adjunto.

“Siento que no van a llegar a una elección el 1 de septiembre, van a continuar en base al artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, las actuales autoridades del Ministerio Público”, señaló.

Se temería que no lleguen a consensos de forma deliberada y no se haga la elección del fiscal y se prolongue el mandato del actual fiscal y eso permitiría hacer reformas constitucionales para elegir de forma directa, indicó.

Como también se podría elegir a otro fiscal para una tercera figura y tener un espacio parecido al sistema que funciona en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), apuntó.

Según este escenario, podría ser hasta enero de 2024 cuando se hayan puesto de acuerdo los partidos Libre, Nacional y Liberal, para hacer reformas y elevar a rango constitucional la figura del director de fiscales y así elegir para cada uno el fiscal general, el fiscal adjunto y el director de fiscales.

POR LA LISTA

Para evaluar la etapa final del proceso, dar acompañamiento técnico y  recomendaciones, arribaron al país miembros de la denominada Misión Internacional de Observación (MIO-Honduras).

La MIO-Honduras que también realizará junto a la sociedad civil, un balance del trabajo de la Junta Proponente e identificará los retos de la etapa final, está integrada por Edison Lanza, exrelator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la investigadora y académica de American University (Washington D.C), Claudia Martin.

También la integran Juan Jiménez Mayor, exvocero de la disuelta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y Jaime Arellano, exdirector del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), ex viceministro de Justicia de Chile y socio fundador de Justicia Latinoamérica (Juslat), también secretario ejecutivo de la Misión.

Arellano instó que “nosotros llamamos al Congreso que cumpla con el proceso que culmina el 1 de septiembre, ya que está una lista de cinco aspirantes que optan al cargo”.

En consonancia con la Misión, la organización hondureña Frente Cívico por la Democracia (FCD) manifestó «apoyo total» al proceso de elección de los cinco nominados por la Junta Proponente y se elija a los profesionales con «la mejor capacidad y compromiso» para dirigir el Ministerio Público.

Pese a todo hay quienes les toman la palabra a directivos del Congreso Nacional, como el secretario, Carlos Zelaya, quien asegura que se elegirá fiscal general y adjunto de la lista recibida. Pero solo los cabildeos y el transcurrir de este mes revelarán el escenario escogido por la clase política.

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