Ambientalistas de la región insular hondureña ven con preocupación la insistencia de las autoridades para construir una nueva prisión dentro de un parque nacional marino rico en biodiversidad

La comunidad científica y activistas ambientales le reiteran al gobierno que la construcción de una cárcel en las Islas del Cisne, degradará la riqueza biológica del archipiélago, además, sería un “mal precedente” ya que poseen una declaratoria como parque nacional marino, emitida por el mismo Estado de Honduras en 1994.

Estas islas están a unas 150 millas náuticas de la Bahía de Trujillo (Puerto Castilla), departamento de Colón, lo que elevaría los costos de construcción en un 70 por ciento estimaron ingenieros civiles; mientras técnicos ambientales destacan que sirven como hábitat para varias especies de aves, reptiles, mamíferos, corales, peces y varias especies de flora, lo anterior documentado por el mismo gobierno y organizaciones científicas.

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La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) hizo visitas para avanzar “sustancialmente” con estudios de pre-factibilidad, informó su ministro Lucky Medina. No mencionó hayan tenido acompañamiento de la comunidad científica o activistas ambientales, pero aseguró que los primeros hallazgos se le compartieron a la Secretaría de Defensa Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

“Por la categoría de cuidado que existe en esa zona, tenemos que ser muy rigurosos con el tratamiento de las aguas residuales, de los desechos sólidos y poder conservar, que el arrecife coralino se mantenga en un buen estado de salud”, dijo.

Para los ambientalistas de la región insular hondureña es preocupante que el gobierno insista con este proyecto, por lo que le piden que lo “piensen nuevamente” y recuerdan que los centros penitenciarios en las islas dejaron de ser funcionales, en otros países del mundo.

“Si hay retos para operar cárceles en tierra firme donde es más fácil llegar, ya se imaginarán a una con gran distancia marina. Es una idea errónea considerar ese proyecto, solicitamos a las autoridades que lo piensen nuevamente, que valoren todas las cosas, la Ley Ambiental es clara y para cualquier tipo de desarrollo se definen los procesos tanto para proyectos públicos, como privados”, manifestó Irma Brady, directora ejecutiva de la Asociación para la Conservación de las Islas de la Bahía (BICA, siglas en inglés).

La ambientalista añadió que hay justificaciones aceptables para no construir la cárcel en Islas del Cisne, “principalmente porque la época donde se usaban islas para cárceles, se vio que no fue funcional, aparte los altos costos por la distancia”.

Brady cree que el gobierno debe seguir con los estudios, pero con acompañamiento de la sociedad civil ambiental y científicos externos, pues “lo ideal es que el gobierno lidere con el ejemplo, respete la Ley y haga los estudios, que estos sean veraces y técnicos”.

“Las islas son ecosistemas especiales e interesantes, el desarrollo idóneo para las islas debería ser el ecoturismo, donde se tiene que hacer una buena planificación para la capacidad, lo que podría resultar es un turismo científico. Me preocupa y ojalá el gobierno recapacite, ese sitio no merece ese destino, sería un mal precedente. Nos inquieta mucho esa decisión de considerar un área protegida marina con toda la biodiversidad que hay en Islas del Cisne, hay estudios que lo valorizan”, concluyó.

Seguridad no deber estar por encima de lo ambiental:

Desde el Instituto de Conservación Forestal (ICF), ente rector del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH), este proyecto concebido desde la seguridad nacional no puede estar por encima de los criterios ambientales, tampoco por encima de la Ley.

“Es una decisión tomada desde la óptica de la seguridad nacional, pero por eso no se va a abusar y violentar las leyes, sabemos que las Islas del Cisne son un área protegida muy lejos de la costa hondureña, está claro que se respetará la Ley. Para la construcción de un proyecto como una cárcel que podría ser de categoría III – IV, la Ley nos habla de una evaluación de impacto ambiental previo a obtener una licencia”, manifestó al respecto Luis Soliz, director del ICF.

El funcionario aseguró que “al analizar las medidas de mitigación propuestas, si la metodología nos garantiza que va a ser mínimo el daño en esa área y si es viable, pues el proyecto en Islas del Cisne seguirá su paso”.

Soliz aclaró que fue en Casa Presidencial donde se dio visto bueno para proyecto del nuevo recinto carcelario en Islas del Cisne y como ministros deben “apoyar algunas decisiones, la presidenta (Xiomara Castro) es responsable en sus acciones y consecuente con el cuidado y protección del ambiente, nunca se va a hacer una acción que comprometa nuestros recursos naturales y ecosistemas”.

Sobre el múltiple rechazo de gremios de profesionales ambientales, organizaciones científicas y sectores afines a la conservación, Soliz reiteró que no hay nada en firme porque todavía “estamos hablando de supuestos”  y mientras no tengan todos los estudios como gobierno serán respetuosos de la Ley.

“Los equipos que evalúan los impactos ambientales son multidisciplinarios, ellos hacen una caracterización del ecosistema, pienso que estamos comiendo ansias, primero que se enlacen los procesos y cuando se tengan los resultados del estudio pues se discuten”, arguyó.

Luis Soliz, director del ICF, prometió que “si se mira que no es viable y compromete las islas no procede, pero si los estudios arrojan que es viable en la parte ambiental, ahí si procedería. El hecho es de no comprometer los recursos naturales” en las Islas del Cisne, un parque nacional marino de Honduras en el mar Caribe.

Ambientalistas hondureños coincidieron que la intención del gobierno hondureño para construir bajo contrataciones directas una nueva prisión en el Parque Nacional Marino Islas del Cisne, a unas 150 millas náuticas de tierra firme, sería un mal precedente y un hecho penoso, ya que en teoría (normativa universal) los Estados son los principales protectores obligados a garantizar la conservación de sus áreas protegidas.

El Parque Nacional Islas del Cisne fue declarado como tal mediante el Decreto Legislativo 198-94 (año 1994) y después de casi 30 años de ser un área protegida marina de Honduras, en el Mar Caribe, ningún gobierno se interesó en impulsar acciones visibles para un adecuado manejo ambiental y científico.

Cisne Grande, Cisne Pequeño y Cayo Pájaro, legalmente se llaman Parque Nacional Marino Abogado Agustín Córdova Rodríguez y el área no cuenta con plan de manejo, tampoco se realizan actividades de manejo.

Hay más de 70 especies de aves registradas en la zona, entre migratorias y residentes,  entre las más representativas están los pájaros bobos de patas azules y su similar café (alcatraces o piqueros), además de pelícanos, fragatas, aves playeras, chipes, garzas, entre otros.

La bióloga hondureña, Francis Leán, recordó que en Islas del Cisne hay arrecifes de coral en condiciones saludables, además de otra vida marina. Añadió que “los impactos de colocar una cárcel en Islas del Cisne, destruirá el frágil ecosistema existente en la zona”. (Por: Josué Quintana Gómez)