Tegucigalpa, Honduras.— Una red de manipulación digital y desvío de fondos públicos ha sido revelada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), involucrando directamente a la diputada Isis Cuéllar y a su asistente Ilsy Baquedano, quien habría coordinado acciones para encubrir el uso irregular de más de cinco millones de lempiras provenientes del Fondo de Administración Solidaria (FAS), canalizado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Según el informe del TSC y testimonios obtenidos por medios como EL HERALDO Plus, Baquedano utilizó grupos de WhatsApp para instruir a supuestos beneficiarios sobre qué decir ante auditorías, cómo simular compras y cómo justificar liquidaciones con facturas y fotografías previamente preparadas. En uno de los mensajes, se les indicó que debían afirmar haber adquirido productos en negocios específicos, aunque muchos nunca recibieron los bienes.

El modus operandi incluía el traslado de beneficiarios a agencias de Banadesa para cobrar cheques que luego eran entregados en efectivo a Baquedano, quien los esperaba en un vehículo fuera del banco. Algunos testigos afirmaron haber sido presionados para firmar documentos sin leerlos, mientras otros recibieron cotizaciones y facturas falsas por vía digital.

Beneficiarios fantasmas y uso político

La investigación también reveló que varios beneficiarios eran personas cercanas a la diputada, incluyendo su excuñada Iris Moreno, quien recibió L100,000 para remodelar su vivienda con una foto mal tomada como única prueba. El informe señala que los fondos fueron utilizados para beneficiar a militantes del partido oficialista y que hubo una estrategia sistemática para evitar el escrutinio público.

Aunque la diputada Cuéllar se desvinculó del manejo directo de los fondos, afirmando que la responsabilidad recaía en Sedesol, reconoció que Baquedano era parte de su equipo. Sin embargo, negó haberle dado instrucciones para coordinar las entregas o encubrimientos. Hasta la fecha, ni Cuéllar ni Baquedano han respondido a las solicitudes de entrevista.

El TSC ha solicitado al Ministerio Público que actúe con celeridad ante los indicios de responsabilidad penal, administrativa y civil. La ciudadanía, por su parte, exige transparencia y justicia en un caso que ha sido comparado con otros escándalos de corrupción recientes.