El Ministerio Público presentó este lunes la acusación formal por el aparente delito de concusión contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, por el contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el que financiaron gastos de imagen en Casa Presidencial. Además, está siendo investigado Jorge Rodríguez Vives, actual ministro de Cultura.

Con dicho acuerdo, el Gobierno contrató a la empresa del productor Cristian Bulgarelli, quien es testigo en la causa, luego de negociar con el Ministerio Público su exclusión de la acusación a cambio de su testimonio.

El delito de concusión sanciona con penas de 2 a 8 años “al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial”.

Bulgarelli fue contratado por el BCIE para realizar una consultoría de comunicación para Casa Presidencial entre octubre de 2022 y agosto de 2023, por un monto de $400 mil.

Para ese fin, Chaves y el Gobierno usaron parte del $1 millón que el banco centroamericano dona a cada país fundador al inicio de cada nueva administración. Cabe señalar que la Contraloría General de la República (CGR) ha sido clara en que dicha donación se considera como recursos públicos.

Bulgarelli fue contactado por la exministra de Comunicación Patricia Navarro para que redactara los detalles del contrato que sería una licitación, luego fue seleccionado por el Banco como oferente y llevar a cabo los proyectos a petición del Gobierno.

Quiere decir que Bulgarelli redactó los detalles de la licitación para la que luego fue contratado.

El 15 de enero de 2024, en la Comisión legislativa que investiga las contrataciones del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) el productor alegó que la exministra de Comunicación Patricia Navarro nunca le indicó que se trataba de una licitación pública, sino de un contrato directo de su empresa con el banco.

La exministra Navarro también es testiga en la causa y ya realizó su declaración.

Audios de Patricia Navarro

El pasado 30 de enero, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) secuestró audios grabados por la exministra de Comunicación Patricia Navarro durante reuniones sostenidas en Casa Presidencial para definir detalles del contrato.

En dichos audios se escucha claramente al presidente Chaves pidiendo “cariñitos” con fondos del BCIE, que son donados al país para proyectos.

“Nada más quiero que el señor me deje ver el contrato y, tal vez, pedir un par de chineos, de cariñitos”, dijo Chaves en un audio.

El contrato con Bulgarelli era de $400 mil, financiados con la donación de la entidad internacional.

Entre los favores de Chaves, solicitó claramente que Federico Cruz “Choreco” estuviera incluido en la contratación con Bulgarelli. “Choreco” fue su asesor durante la campaña electoral.

Los audios detallan además la intención del Gobierno de Chaves de limitar la pauta a los medios de comunicación independientes y pedidos a instituciones públicas para que no promocionen sus productos en medios que el presidente considera “enemigos”.

Esto dice la Fiscalía:

La pieza acusatoria fue entregada a la Secretaría General de la Corte Plena, para su debido trámite, de acuerdo con el procedimiento especial de juzgamiento a miembros de Supremos Poderes, y también fue comunicada a la Procuraduría General de la República, como representante del Estado, a efectos de que manifieste si desea constituirse en querellante o actor civil.

Se trata del expediente 25-000019-0033-PE, en el cual, la Fiscalía General investigó la contratación aparentemente a la medida para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencia de opinión para la Presidencia de la República de Costa Rica, correspondiente al período 2022-2026.

De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, se obligó e indujo al señor Christian Bulgarelli para que le otorgara un beneficio patrimonial indebido, producto de la contratación con el Banco Centroamericano de Integración Económica, al co imputado Cruz Saravanja, asesor de campaña electoral y personal, y amigo íntimo del presidente, a quien se le benefició con $32,000.00, derivado del “Contrato marco de prestación de servicios de consultoría”, para la compra de una casa. A Cruz se le sigue la causa penal 25-000044-0033-PE.

Además, de acuerdo con la acusación, previo al proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y varias reuniones en Casa Presidencial, donde instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elabora los términos de referencia de su contrato.

Criterio de oportunidad. En este expediente, la FG aplicó al imputado Bulgarelli Rojas un criterio de oportunidad, de conformidad con el artículo 22 del Código Procesal Penal, inciso b, por tratarse de un delito grave, donde el imputado se compromete a colaborar eficazmente con el proceso penal, para esclarecer el hecho investigado y proporcionar información útil para probar la participación de los imputados.

Adicionalmente, en contra de Bulgarelli se sigue la causa 25-000043-0033-PE, en la cual se solicitará la suspensión de la acción penal hasta que exista una sentencia firme en ese proceso. En caso de que la colaboración no llegue a ser eficiente para los intereses del Ministerio Público, se continuará con la persecución penal en su contra.(crhoy.com)