El Congreso estadounidense aprobó este jueves una controvertida ley fiscal y presupuestaria que asignará una inversión multimillonaria a las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump. La medida, que ha generado amplias reacciones, incluye un nuevo impuesto del 1 % a las remesas enviadas desde Estados Unidos al extranjero.

La legislación obtuvo el respaldo mayoritario de los legisladores republicanos en ambas cámaras y destina una parte considerable del presupuesto federal al refuerzo de agencias de seguridad fronteriza y control migratorio.

Reacciones y preocupaciones
Diversas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes advirtieron sobre el impacto de esta ley, calificando el gasto como excesivo e inédito. Sostienen que el aumento de fondos podría provocar una ola de deportaciones sin precedentes, afectando tanto a comunidades migrantes como a sectores clave de la economía nacional.

La ley pasará ahora al presidente Trump, quien, según fuentes oficiales, planea promulgarla este viernes 4 de julio en una ceremonia que coincidirá con la celebración del Día de la Independencia en Estados Unidos.

Expansión de infraestructura y fuerza operativa
El plan contempla cerca de 170 mil millones de dólares en inversiones distribuidas en los próximos cuatro años, enfocados en:

La contratación de más de 20,000 agentes de inmigración.

La creación de nuevos centros de detención.

El desarrollo de tecnologías de vigilancia, incluyendo sistemas de inteligencia artificial.

Además, se destinarán más de 46 mil millones de dólares a la construcción del muro fronterizo y otros 45 mil millones a la ampliación de la capacidad de detención migratoria, incluyendo transporte, logística y mantenimiento.

Proyecciones alarmantes
Según estimaciones del think tank conservador CATO Institute, la cifra de personas recluidas en centros de detención migratoria podría cuadruplicarse, pasando de unas 50,000 actuales a más de 200,000.

La organización American Immigration Council (AIC) alertó que este aumento drástico en detenciones podría generar graves consecuencias en las comunidades locales, comprometiendo la seguridad y estabilidad social.

En la misma línea, un informe del Economic Policy Institute proyecta que la política migratoria contenida en esta ley podría derivar en la pérdida de hasta 6 millones de empleos, afectando tanto a migrantes como a trabajadores estadounidenses.