Tegucigalpa, Honduras — 30 de octubre de 2025. En medio de la controversia generada por los audios divulgados por el Ministerio Público, la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, lanzó un desafío público a su compañero de pleno, Marlon Ochoa, para que ambos se sometan a una prueba de polígrafo y a exámenes antidoping durante 60 días, como muestra de transparencia y para disipar dudas sobre una supuesta conspiración electoral.

Durante una entrevista radial, López pidió al pueblo hondureño que la acompañe en una “invitación respetuosa” a Ochoa para que ambos sean interrogados públicamente sobre la autenticidad de los audios, que según ella, son falsos y fabricados.

“Quiero que me interroguen públicamente con un detector de mentiras; lo reto públicamente, luego, a que él, como dice que le consta, también hable sobre la veracidad de esos audios y sobre la supuesta conspiración”, expresó López.

La consejera también exigió que se verifiquen los registros telefónicos para comprobar si las llamadas mencionadas en los audios realmente existieron, afirmando que no hay evidencia legítima que las respalde.

Además, propuso que tanto ella como Ochoa y el personal de su despacho se sometan a pruebas antidoping, argumentando que la conducta errática del consejero oficialista “no es normal” y que se requiere claridad sobre su estado mental durante el proceso electoral.

“Esto no es una tontería de TikTok, esto no es una bobada; están montando un show en un programa de radio de comedia. Quieren eliminar la credibilidad del proceso”, advirtió López.

La publicación de los audios, que también involucran al jefe de bancada del Partido Nacional, ha provocado una ola de reacciones. Desde el oficialismo, miembros de Libertad y Refundación (Libre) y su candidata presidencial Rixi Moncada han exigido la renuncia de López. Por su parte, la presidenta Xiomara Castro ordenó una investigación exhaustiva sobre el caso.

Hasta el momento, ni Marlon Ochoa ni el Ministerio Público han revelado cómo fueron obtenidos los audios que desataron la polémica, mientras sectores de la oposición y analistas cuestionan su veracidad y advierten sobre una posible instrumentalización política del proceso judicial.