La designada presidencial María Antonieta Mejía afirmó que la propuesta de impulsar un juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya continúa vigente y cuenta con respaldo dentro de sectores del Partido Nacional y del Partido Liberal, quienes consideran que el proceso es necesario para fortalecer el respeto al Estado de derecho.

Mejía explicó que ha escuchado a diputados liberales manifestar su interés en avanzar con el mecanismo constitucional, no como un acto de revancha partidaria, sino como una respuesta institucional ante supuestas actuaciones del fiscal general “al margen de la ley”.

“Hay algunos diputados que anhelan aplicar el juicio político al fiscal general no por un sueño partidario, sino más bien para dejar un precedente de que cuando alguien actúa al margen de la ley debe ser castigado. No hacerlo deja un mal sabor de boca y también envía el mensaje de que el próximo fiscal puede actuar sin consecuencias”, declaró.

Advertencia sobre riesgos a la institucionalidad

La designada presidencial subrayó que permitir conductas irregulares sin sanción debilita la institucionalidad y pone en riesgo el cumplimiento de la ley en futuras administraciones.

“Hay que dejar precedentes, respetar el Estado de derecho”, enfatizó, al insistir en que la falta de acciones correctivas podría abrir la puerta a que futuros funcionarios actúen sin responsabilidad.