La Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público tomó declaración a Santos Funes como parte de las diligencias relacionadas con las denuncias por la suspensión de servicios médicos durante las asambleas informativas del Colegio Médico de Honduras (CMH), informó el director del Observatorio Latinoamericano de Derechos Humanos, Áfrico Madrid.

El representante de la organización señaló que las acciones buscan establecer si las medidas adoptadas por el gremio médico han vulnerado los derechos de los pacientes que dependen de los hospitales y centros de salud públicos.

Madrid aclaró que el Observatorio no se opone a las exigencias salariales y laborales de los profesionales de la medicina, sino que cuestiona las consecuencias que las asambleas han tenido sobre la atención sanitaria.

«Nadie en Honduras está en contra de la lucha y de los reclamos por sus derechos económicos y laborales de los médicos hondureños», manifestó.

Sin embargo, sostuvo que las medidas de presión deben desarrollarse sin comprometer el acceso de la población a los servicios esenciales de salud.

PIDEN INVESTIGAR LEGALIDAD DE LAS ASAMBLEAS

Madrid explicó que solicitaron a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos requerir al Colegio Médico la documentación relacionada con las convocatorias a las asambleas informativas.

El propósito es verificar si estas actividades se realizaron conforme a la Ley Orgánica del CMH y los estatutos que regulan su funcionamiento.

También pidieron investigar si los médicos que dejaron temporalmente sus puestos de trabajo cumplieron con los procedimientos establecidos para participar en las reuniones gremiales.

Según Madrid, la normativa aplicable al médico empleado contempla que los profesionales deben solicitar autorización por escrito a sus superiores inmediatos para asistir a asambleas ordinarias o extraordinarias.

Añadió que las instituciones empleadoras, como la Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pueden denegar esos permisos cuando no exista suficiente personal para garantizar la continuidad de los servicios.

Estas afirmaciones deberán ser examinadas por las autoridades competentes para determinar su aplicación en cada caso.

ADVIERTEN AFECTACIONES A PACIENTES VULNERABLES

El director del Observatorio sostuvo que la reducción de consultas y otros servicios médicos afecta especialmente a las personas de escasos recursos que no tienen posibilidades económicas de acudir a establecimientos privados.

A su juicio, las consecuencias de las asambleas deben analizarse desde la perspectiva del derecho a la salud.

«Esta situación afecta los derechos humanos de millones de hondureños que, por razones económicas, dependen de los hospitales y centros de salud públicos», expresó.

El conflicto entre el Colegio Médico y las autoridades sanitarias se mantiene debido a los reclamos por salarios atrasados, mientras continúan las mesas técnicas para revisar expedientes y gestionar pagos pendientes.

FISCALÍA PODRÍA CITAR A DIRECTORES DE HOSPITALES

Madrid indicó que, tras la recepción de la denuncia, el Ministerio Público deberá desarrollar las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias en que se han realizado las asambleas.

Entre las actuaciones que considera pertinentes mencionó la toma de declaraciones a directores de hospitales y representantes de la dirigencia del Colegio Médico de Honduras.

No obstante, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente un calendario de citaciones ni se ha informado sobre conclusiones de la investigación.

La recepción de una denuncia y la toma de declaraciones no significan que se haya determinado una responsabilidad penal o administrativa.

Mientras avanzan las diligencias, el Observatorio insiste en que las autoridades sanitarias deben atender los reclamos salariales y que las medidas gremiales deben desarrollarse respetando los derechos de los pacientes.