Johel Zelaya admite orden de secuestro de documentos del CNE


El fiscal general suspendido, Johel Zelaya, reconoció ante la comisión especial del Congreso Nacional que ordenó el secuestro de documentos del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el marco de las investigaciones relacionadas con el proceso electoral de 2025.

Durante su comparecencia, Zelaya confirmó la decisión y aseguró que la medida respondía a la necesidad de resguardar información relevante. “Sí, ordené secuestrar documentos de interés”, expresó ante los diputados.

El funcionario también reveló que recibió presiones para intervenir en bodegas del CNE, ubicadas en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), con el apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico (DNLC).

Según Zelaya, no actuar en ese momento habría puesto en riesgo el desarrollo de las elecciones generales, aunque sostuvo que su intención nunca fue frenar el proceso electoral.

En otro punto de la audiencia, el fiscal suspendido indicó que el consejero del CNE, Marlon Ochoa, fue quien le entregó una memoria USB que contenía audios utilizados como parte de las investigaciones. “Es de conocimiento público que él me entregó ese material”, afirmó.

El Congreso Nacional admitió recientemente una denuncia por supuestas faltas graves en el desempeño del cargo contra Zelaya, lo que derivó en su suspensión provisional mientras avanza el juicio político.

Durante el interrogatorio, el diputado Alex Berríos consultó si se había juramentado a un perito para analizar los audios, a lo que Zelaya respondió que no se realizó dicho procedimiento.

Asimismo, advirtió que cualquier persona que haya intervenido comunicaciones privadas sin autorización judicial podría enfrentar acciones legales, al tiempo que insistió en que los audios presentados como evidencia son auténticos.

La comisión especial que conoce el caso está integrada por varios legisladores de distintas bancadas, quienes deberán emitir un dictamen sobre la responsabilidad política del funcionario en los hechos investigados.


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