El proceso de selección de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) entró en una fase de tensión luego de que el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Dagoberto Aspra, revelara que varios de los 100 autopostulantes mantienen demandas activas contra el Estado o enfrentan investigaciones en curso ante el Ministerio Público.

La advertencia encendió alarmas en el Congreso Nacional, donde se considera que la presencia de aspirantes con conflictos legales podría comprometer la independencia y credibilidad de los órganos electorales.

Congreso exige información inmediata a entes contralores

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, reaccionó de forma inmediata y pidió a la Comisión Especial de Selección solicitar a la brevedad toda la información relacionada con los señalamientos.

“He visto la declaración del procurador. Si hay autopostulantes con investigaciones o demandas contra el Estado, la comisión debe pedir esos expedientes de inmediato”, afirmó.

La presidencia del Legislativo también hizo un llamado formal a los entes contralores y de investigación para cruzar información con la Comisión Especial, con el fin de evitar que personas con intereses contrapuestos al Estado avancen a la etapa de audiencias públicas.

Audiencias bajo presión y necesidad de un filtro previo

Zambrano reconoció que el proceso enfrenta una presión significativa debido a los plazos legales. La ley otorga cinco días para audiencias públicas y tres días para la revisión curricular, tiempos que calificó como insuficientes para evaluar a los 100 postulantes.

“Es complicado hacer audiencia pública a más de 100 autopostulantes. Sin un filtro previo es materialmente imposible”, señaló, insistiendo en que solo los mejor evaluados en idoneidad profesional y solvencia moral deben llegar al pleno.

Debate sobre despolitización y equilibrio institucional

La discusión sobre la integración del CNE y el TJE reabrió el debate sobre la despolitización de los entes electorales. Zambrano afirmó que la ciudadanía exige un balance que garantice procesos sin sesgos partidarios, especialmente tras episodios recientes de inestabilidad institucional.

El presidente del Congreso advirtió que existe preocupación sobre la influencia de figuras vinculadas a Libertad y Refundación (Libre), señaladas por sectores políticos de haber debilitado la institucionalidad en el pasado.

“La ciudadanía nos pregunta cómo evitar que alguien con instrucciones partidarias repita prácticas anteriores. Si tienen demandas o procesos, la comisión puede descartarlos”, expresó.

Vacantes de Ochoa y Morazán: ¿corresponden a Libre?

Uno de los puntos más sensibles es la sustitución de Marlon Ochoa (CNE) y Mario Morazán (TJE). Zambrano sostuvo que la ley no obliga a que Libre designe directamente a sus reemplazos, ya que las cuotas partidarias están definidas en las Juntas Receptoras de Votos, no en los plenos de los órganos electorales.

Esta interpretación abre la puerta a que las vacantes puedan ser ocupadas por candidatos independientes o de sociedad civil, con el objetivo de generar un balance institucional.

“Solo hay dos opciones: alguien de sociedad civil o independiente para lograr equilibrio, o ceder el espacio a Libre. El pueblo debe opinar”, dijo.

Depuración y presencia de sociedad civil serán decisivas

La Comisión Especial deberá presentar en las próximas dos semanas un listado final de 18 candidatos, el cual deberá excluir a quienes tengan procesos legales activos o conflictos de interés.

Zambrano insistió en que la participación de la sociedad civil será clave para garantizar un proceso transparente y un árbitro electoral libre de tachas.

Un punto de inflexión para el sistema electoral

El presidente del Congreso concluyó que esta selección definirá el rumbo de las próximas elecciones y podría marcar un quiebre con el esquema tradicional de control político.