El miembro de la Comisión Técnica Liquidadora, Leonel Núñez, informó que se abrió una investigación para esclarecer la entrega mensual de bonos de 350 mil lempiras destinados a familiares de personas consideradas “mártires” durante la administración pasada.

La revisión busca determinar si los pagos se realizaban por núcleo familiar o de manera individual, ya que, según Núñez, existe la posibilidad de que se hayan otorgado múltiples bonos a un mismo grupo, lo que representaría un uso indebido de fondos públicos.

El comisionado explicó que es necesario precisar cuántos beneficiarios recibían el apoyo y bajo qué criterios. Señaló que, en algunos casos, una familia podía tener varios parientes fallecidos, lo que abre la duda sobre si se entregaban varios bonos o uno solo. “Ese punto debe aclararse para evitar abusos en el manejo del dinero del Estado”, expresó.

Indemnizaciones requieren resolución judicial

Núñez recordó que cualquier indemnización otorgada por el Estado debe estar respaldada por una resolución emitida por un juez competente, ya sea en el ámbito nacional o internacional. Sin ese requisito, dijo, no existe fundamento legal para realizar desembolsos.

Según la información preliminar, los fondos provenían de un programa de la Secretaría de Derechos Humanos orientado a la “reparación” de víctimas y sus familias. Núñez señaló que el concepto de reparación es amplio, pero advirtió que la magnitud de los montos entregados obliga a una revisión exhaustiva.

Revisión en Derechos Humanos y posible acción judicial

La Comisión Liquidadora se presentará en la Secretaría de Derechos Humanos para verificar el manejo del proyecto y acceder a los expedientes. Núñez advirtió que, si se detecta ocultamiento de información, se procederá por la vía judicial.

También instó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a iniciar una auditoría de oficio para determinar la legalidad y vigencia de estos pagos, que habrían comenzado entre 2022 y 2023.